Esta tarde la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, abordó la decisión del Comité de Ministros -integrado por subrogantes- de rechazar, una vez más, el proyecto minero-portuario Dominga.
En ese contexto, la secretaria de Estado fue consultada por las declaraciones de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien sostuvo que la decisión de la instancia «demuestra que la política puede más que la economía», añadiendo que «se está dando una señal preocupante a los inversionistas, en momentos en que lo que necesitamos es certeza jurídica, procesos objetivos e instituciones sólidas».
Ante esto, Etcheverry defendió el actuar del Comité de Ministros y manifestó que el Gobierno ha puesto dentro de sus principales prioridades el crecimiento económico, acelerando -aseguró- la ejecución de proyectos en materia minera.
Lo anterior, subrayó, demuestra que el crecimiento económico y la protección de la biodiversidad no son incompatibles.
Para demostrar esto, aludió a algunos proyectos que se desarrollan en la zona donde se emplazaría Dominga y a un informe de Cochilco, que, detalló Etcheverry, rescata una «cartera de proyectos en minería» que sería la «más grande de los últimos 10 años, con un aumento de un 26% desde el 2023».
El documento al que hace referencia la ministra -«Inversión en la Minería Chilena: Cartera de proyectos 2024 -2033», no obstante, incluye 51 proyectos. Y entre ellos, precisamente, se encuentra Dominga.
La iniciativa de Andes Iron contempla -según el propio informe de Cochilco- un inversión de US$2.890 millones. Este monto representa el 3,5% de la inversión en proyectos mineros contemplada para los próximos 10 años en el país, según se puede extraer de la parte que la misma ministra citó.
Dominga, además, en el documento de la entidad minera, se presenta como el noveno proyecto de mayor envergadura, entre los más de 50. Y está en condición de «potencial».
Cabe destacar que Andes Iron -tras el nuevo rechazo de ayer a su iniciativa- subrayó que «ejercerá las acciones legales para restablecer el Estado de Derecho confiando en que próximamente podrá desarrollar el proyecto Dominga».
En relación a la decisión del Comité, resta esperar la resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y lo que señale la Corte Suprema. (Emol)
