El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por eventuales irregularidades en la reconstrucción de viviendas en el sector El Olivar, en Viña del Mar, afectado por el incendio de febrero de 2024. La acción fue encabezada por el ministro Iván Poduje y apunta a posibles delitos vinculados a la ejecución del proyecto habitacional financiado con subsidios estatales.

Uno de los aspectos más graves detectados corresponde al uso indebido del sistema constructivo “Fast Work”, el cual habría sido aplicado en edificaciones de dos pisos pese a estar autorizado solo para viviendas de un nivel. Según el informe técnico citado, esto implicaría el uso de certificaciones en condiciones distintas a las aprobadas, lo que podría constituir un engaño tanto a las familias beneficiarias como al Estado.

El documento también advierte sobre deficiencias estructurales que generan dudas respecto al comportamiento sísmico de las viviendas, en una zona altamente expuesta a este tipo de riesgos. Entre los hallazgos se mencionan sistemas estructurales poco claros, falta de elementos que aseguren rigidez y utilización de materiales no certificados como sismorresistentes, lo que podría derivar en daños graves ante un evento sísmico.

A estas observaciones se suman problemas en resistencia al fuego, debido al uso de estructuras metálicas sin verificación adecuada, así como incumplimientos en normas de aislamiento acústico entre viviendas. Estas falencias resultan especialmente sensibles considerando que los inmuebles buscan reemplazar a aquellos destruidos por el incendio.

En paralelo, familias afectadas denunciaron cambios unilaterales en los materiales comprometidos originalmente y presuntas presiones económicas para impedir que cambiaran de entidad patrocinante. Según los antecedentes, se les habría advertido de descuentos cercanos a $1.200.000 desde sus subsidios habitacionales.

La denuncia detalla que los hechos podrían configurar delitos como estafa agravada, fraude al fisco, uso malicioso de certificaciones, coacción, amenazas y tráfico de influencias. En particular, se advierte que la ejecución de obras distintas a las aprobadas podría implicar perjuicio patrimonial tanto para las familias como para el Estado, en contratos que superan las 709 mil UF.

Será ahora el Ministerio Público de Chile el encargado de investigar los antecedentes y determinar eventuales responsabilidades en un caso que afecta directamente a damnificados de una de las tragedias más graves recientes en la región. (NP-ChatGPT-Bio Bio)