Las víctimas del ataque armado e incendio ocurrido en agosto de 2022 contra la familia Grollmus, en la comuna de Contulmo, denunciaron una campaña de presión dirigida tanto al Poder Judicial como a testigos protegidos que participarán en el próximo juicio oral.
La acusación surge mientras la Corte Suprema revisa un recurso de amparo presentado por la defensa de dos de los 21 imputados por el violento ataque registrado en la provincia de Arauco, en la Región del Biobío.
En paralelo, grupos de apoyo a los acusados han realizado manifestaciones exigiendo su liberación y calificándolos como “presos políticos mapuches”.
El proceso judicial será llevado adelante por el Tribunal Oral de Cañete, instancia que deberá analizar la responsabilidad de los imputados en el ataque que afectó gravemente a las instalaciones de la familia Grollmus.
Durante la tarde del lunes también se registraron protestas en las cercanías de la Universidad de La Frontera, en Temuco, Región de La Araucanía. En el lugar se levantaron barricadas incendiarias y se produjeron enfrentamientos entre encapuchados y personal de Carabineros.
Las víctimas sostienen que este tipo de acciones busca influir en el desarrollo del juicio y generar intimidación sobre quienes participarán en el proceso judicial. (NP-ChatGPT-Emol)
