Las víctimas del ataque e incendio que destruyó el histórico Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, Región del Biobío, presentaron tres demandas civiles contra el Fisco en las que solicitan indemnizaciones que, en conjunto, superan los $26.201 millones.

Las acciones judiciales se desarrollan paralelamente al proceso penal contra los responsables del atentado. El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete entregó esta semana su veredicto respecto de 18 acusados por el ataque atribuido a integrantes de Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). De acuerdo con los antecedentes proporcionados, las penas impuestas en primera instancia suman más de mil años de presidio al considerar conjuntamente las condenas dictadas contra los acusados.

Las tres demandas fueron ingresadas ante el Primer, Segundo y Tercer Juzgado Civil de Concepción. El argumento central de los demandantes es que habría existido falta de servicio por parte de organismos del Estado, al no proporcionar, según sostienen, una respuesta oportuna y eficaz que permitiera impedir el ataque o reducir sus consecuencias.

Una de las acciones fue presentada por el abogado Javier Zehnder en representación de Christian Grollmus, Helmuth Grollmus, Margarita Fritz y Karin Grollmus. Helmuth Grollmus, propietario del predio, murió meses después del atentado, luego de experimentar un deterioro de su estado de salud.

La demanda sostiene que la actuación estatal habría sido tardía y defectuosa y cuestiona especialmente la respuesta de Carabineros durante el ataque. Según el escrito, el atentado se prolongó durante un período considerable, mientras se producían disparos e incendios en distintas instalaciones del predio.

Los demandantes afirman que las víctimas debieron protegerse y enfrentar a los atacantes por sus propios medios durante más de 50 minutos, pese a encontrarse aproximadamente a tres kilómetros de la Tenencia de Carabineros de Contulmo. Sobre esa base, argumentan que una intervención más rápida podría haber evitado o reducido parte de los daños.

Esta primera demanda solicita $23.721.010.746. De esa cantidad, más de $7 mil millones corresponden a perjuicios patrimoniales asociados a la destrucción del molino y otras instalaciones, mientras que aproximadamente $16 mil millones son reclamados por concepto de daño moral.

Una segunda acción, también presentada por Zehnder, representa a Christian y Ramón Cid, vecinos del inmueble que fueron atacados durante los mismos hechos. Uno de ellos sufrió lesiones que derivaron en la pérdida de un ojo. En este caso se exige al Fisco una indemnización de $850 millones, argumentando igualmente una insuficiente protección estatal.

La tercera demanda fue interpuesta por el abogado Rafael Poblete en representación de Carlos Grollmus, Carina Grollmus, Valeska Grollmus y Lorena Caamaño. Carlos Grollmus sufrió graves lesiones durante el atentado que derivaron en la pérdida de una pierna.

Esta acción solicita una indemnización total de $1.630 millones, principalmente por los daños físicos y morales atribuidos a las consecuencias del ataque.

En sus argumentos, los demandantes cuestionan las actuaciones de organismos estatales y de autoridades que ejercían funciones durante el gobierno del entonces Presidente Gabriel Boric. La acción sostiene, sin embargo, que la responsabilidad que alegan sería del Estado en su conjunto, particularmente de los organismos encargados del orden y la seguridad pública.

Las tres demandas suman exactamente $26.201.010.746 en indemnizaciones solicitadas. Esos montos corresponden a las pretensiones de los demandantes y todavía deben ser objeto del respectivo proceso judicial; no constituyen indemnizaciones concedidas por los tribunales.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo encargado de representar los intereses fiscales, deberá responder a las acciones y controvertir o aceptar, según corresponda, los antecedentes y argumentos presentados. Será finalmente la justicia civil la que determine si existió falta de servicio atribuible al Estado, si esta tuvo relación causal con los perjuicios denunciados y si procede el pago de indemnizaciones. (NP-ChatGPT-La Tercera)