El juicio entre las víctimas del exsacerdote Jaime Guzmán que demandaron a la Compañía de Jesús y la Fundación San Ignacio llegó a su fin. El término del acuerdo quedó plasmado en un documento protocolizado en la Notaría de Santiago Nancy de la Fuente Hernández.
El cierre del conflicto obligó a que las partes se reunieran de manera presencial y no virtual para formalizar la conciliación.
El pasado martes 27 de abril, Sebastián Milos Montes (44), empresario; Daniel Palacios Muñoz (44), sociólogo; Allan Pineda García-Reyes (45), ingeniero comercial, y Juan Pablo Barros Castelblanco (45), periodista, asistieron a esta notaría, ubicada en Huérfanos. Los exestudiantes del Colegio San Ignacio de El Bosque -en cuya demanda detallaron una serie de vejaciones sufridas durante su enseñanza básica entre los años 1986 y 1992 por parte del entonces sacerdote y profesor- acudieron acompañados de su abogado, Juan Pablo Hermosilla. Mientras que por parte de los demandados acudió el superior provincial de la Compañía de Jesús, Gabriel Roblero, y en representación de la Fundación San Ignacio, Danilo Frías. Además de los abogados del estudio Vargas & Asociados, Ignacio Vargas y Francisca Amenábar.
Próximamente realizarán una conferencia de prensa para anunciar los términos del acuerdo. Esto en un proceso de conversaciones privadas que sostuvieron los abogados representantes y que avanzó en paralelo a las audiencias que citó el magistrado Daniel Platt Astorga, del 13º Juzgado Civil de Santiago.
En la acción, cada uno exigió ser indemnizado en $ 120 millones por concepto de daño moral. Es decir, en total la acción solicitaba una compensación de $ 480 millones. Sin embargo, en la conciliación reservada se estableció que cada uno recibiera una compensación de $ 15 millones. Aunque la cifra es muy menor a la solicitada originalmente, en los hechos da cuenta de un giro en este tipo de procesos por parte de la Compañía de Jesús. Esto, debido a que -según explicó en su contestación la orden religiosa- ninguno de los demandantes denunció haber sufrido tocaciones por parte del entonces sacerdote durante la investigación canónica, y posteriormente sólo uno de ellos alegó haber vivido este tipo de vejámenes. De hecho, según cuentan conocedores del proceso, esta parte fue la más difícil de negociar, ya que los demandantes insistían en una “indemnización equitativa” que beneficiara al grupo completo.
Consultados los jesuitas si el acuerdo conciliatorio sienta un nuevo precedente en este tipo de proceso reparatorio, considerando que se compensa a cada una de estas personas, pese a que ninguna había denunciado tocaciones en la investigación canónica, respondieron: “Lo que se acordó en este caso con las víctimas, como ya se señaló, fue producto de un proceso y tomando en consideración las circunstancias específicas de este caso. Para nosotros es fundamental poder avanzar en los procesos de reparación de las víctimas de manera coherente con las necesidades de cada una. Estos procesos no son estándar, porque entendemos la reparación como un proceso integral fruto del diálogo”.
En medio de las tratativas, el juez había citado a las partes a una audiencia de conciliación para el día 8 de julio de 2021, a las 11 horas, la que atendido el estado de emergencia sanitaria se llevaría a cabo por videoconferencia a través de la plataforma Zoom. Esto luego de que los abogados solicitaran el pasado 12 de abril postergar la audiencia fijada al día siguiente, a fin de continuar analizando los términos de una “eventual conciliación”.
Según el escrito de desistimiento y aceptación -al que tuvo acceso La Tercera– “las partes celebraron una transacción con la cual ponen término a las controversias existentes, así como el juicio y a cualquier otro desacuerdo o conflicto que actualmente mantuvieran o pudiesen en el futuro mantener, relacionados directa o indirectamente con los hechos referidos en el presente juicio”. La transacción que no detalla los montos busca “evitar y precaver eventuales nuevos conflictos, efectuándose entre ellas concesiones recíprocas”.
Frente al acuerdo, Sebastián Milos respondió a La Tercera PM: “Nos parece bien que se haya reconocido la responsabilidad de parte de la Compañía en los abusos cometidos por Jaime Guzmán durante años y en diversos contextos, y que se hayan definido, de mutuo acuerdo, formas de reparación homogéneas para el grupo de denunciantes que decidimos seguir la vía de la demanda civil”.
Sin embargo, el proceso aún no está cerrado, dijo. “Falta la implementación de las acciones de transparencia e información respecto de la investigación, que son la parte fundamental del cierre de esta etapa y por las cuales estuvimos dispuestos a que la reparación económica fuera significativamente menor a la contemplada en la demanda. En los próximos días deberíamos tener todo bien definido y cuando así sea se realizará una conferencia de prensa de parte de la Compañía de Jesús, que esperamos sea un acto de reconocimiento histórico, que sirva como una forma de reparación a todos los afectados durante años”, acotó.
Por su parte, mediante un cuestionario -vía escrita- la Compañía de Jesús valoró el cierre del proceso, asegurando que siempre ha estado abierta a dialogar con las víctimas y a buscar acuerdos. “En esta oportunidad así fue, y pudimos alcanzar un acuerdo integral que nos deja muy tranquilos”, acotó.
¿La Compañía de Jesús aún costea la vida del exsacerdote Jaime Guzmán? ¿Dónde vive? ¿Qué saben de él?
Jaime Guzmán vive en una casa acompañado por un matrimonio y ha aceptado voluntariamente estar sujeto a un plan de supervisión a cargo de una psicóloga externa a la Compañía, quien periódicamente nos informa. Este plan establece una serie de restricciones y permite mantener un debido control sobre Guzmán”, respondió la orden religiosa a La Tercera PM.
Por otro lado, la institución calificó como “inadecuado” abordar públicamente los detalles de proceso de conciliación. (La Tercera)
