El Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, donde también se incluyen las polémicas indicaciones que incorporan las figuras de la “legítima defensa privilegiada” y de la “flagrancia permanente”.
Ante la aprobación, el Ejecutivo ya había advertido que buscará vetar la norma que permitiría a civiles recuperar “por mano propia” -según cuestionan en el gobierno- sus terrenos ocupados, lo que generó críticas negativas en la oposición.
En este sentido, llamaron directamente al Presidente Gabriel Boric a que “respete la democracia”, y que, un eventual veto presidencial sería una señal de “ponerse del lado de la impunidad”.
El senador Felipe Kast (Evópoli) de forma directa señaló que “le quiero decir al Presidente Boric que respete la democracia. No le aplique un veto a un proyecto de ley que obtuvo más de 80 votos en la Cámara de Diputados y hoy 24 en el Senado. Esta no fue una mayoría circunstancial y si usted dice que le preocupa la seguridad como dice la ministra del Interior (Carolina Tohá), aquí demuéstrelo con hechos y no nos venga a amenazar con un veto a la ley de usurpaciones, porque esto no es solamente para La Araucanía”.
“Si el gobierno va a vetar, bueno, que le explique a Chile porqué está al lado de las mafias y los delincuentes y no al lado de la ciudadanía que solo quiere vivir en paz”, cerró Kast.
Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena (Republicanos) señaló que “lamento profundamente la amenaza de no promulgar. Entiendo el derecho que tiene el Presidente de vetar, pero creo que las interpretaciones jurídicas siempre tienen su lado, y yo creo que se ha buscado justificar el tema de la legitima defensa que jamás ha ocurrido en 25 años en La Araucanía. Aquí ha habido un cambio de actitud (del gobierno) desde cuando conversamos en enero a ahora, y hoy hay una alergia a votar un proyecto y promulgarlo”.
En tanto, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), indicó que “uno tiene que buscar buenos acuerdos, pero también tengamos claro que hoy uno de los problemas severos que existe en Chile es la absoluta falta de un Estado de Derecho en la usurpaciones, y este es un proyecto que lleva muchos años en discusión, por eso fue parte de la agenda de seguridad. El gobierno podría intentar un veto, veremos el mérito, pero lo que si es clave es que haya ley que enfrente las violaciones a derecho de propiedad que en muchas partes de Chile existen”.
Asimismo, la senadora RN María José Gatica sostuvo que “hoy votamos la Ley de Usurpación que busca restablecer el imperio de ley y restituir los inmuebles a sus dueños cuando concurra violencia o intimidación, como es el caso de lo que sucede hoy en la Macrozona Sur. Esperamos que el gobierno no siga poniendo vetos a la seguridad de los chilenos”.
Al respecto, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó que “para nosotros es muy importante lo que ocurrió en el día de hoy como señal para el término de la impunidad en usurpaciones. Le mandamos un mensaje al gobierno, que más allá de la cuestión política, nosotros le pedimos que no haga uso de la facultad de vetar este proyecto de ley. Lamentablemente, la señal que le ve a estar dando el Ejecutivo a las víctimas de las usurpaciones es absolutamente negativa,, es ponerse del lado de la impunidad”.
En tanto, la diputada del PDG Karen Medina indicó que “si el Presidente se presta para vetar la Ley de Usurpaciones, será un disparo en los pies de su gobierno y, además, le estará dando la espalda a miles de personas que hoy quieren seguridad”.
Por el contrario, algunos senadores del oficialismo valoraron el posible veto presidencial contra el polémico artículo, considerado como “demencial” y afirmaron que, si la ley se promulga tal como salió, sería volver a un “Estado de la ley de la selva”.
El senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, indicó que “yo creo que hay aspectos muy aberrantes, todo esto de la autotutela, que se establezca la legítima defensa privilegiada cuando lo que debe primar en un Estado de Derecho es que sean las policías y las instituciones las que puedan hacer los desalojos por la usurpaciones y no los propietarios con sus propias armas, eso es volver a un Estado de ley de la selva. Será el veto o el Tribunal Constitucional, el Presidente verá, lo importante es que no se promulgue esta ley tal cual como salió”.
En una línea similar, el senador Matías Walker (Demócratas) señaló: “Ahora vamos a esperar si el gobierno presenta o no sus observaciones, vamos a determinarlas en su mérito, pero yo creo que dimos un paso adelante. Sin embargo, me quedo con la sensación de que este proyecto se pudo resolver de mejor manera. Es una facultad del Ejecutivo (el veto), yo era partidario de enviar este proyecto a una comisión mixta para mejorarlo, porque si ya sabemos que el gobierno lo va a vetar, es un saludo a la bandera aprobar el proyecto como está”.
El senador Fidel Espinoza (PS) valoró el posible veto al polémico artículo y afirmó que “la parte buena del proyecto, que es la parte de penalizar con mayor gradualidad las usurpaciones de terreno, se mantiene. Lo que el Ejecutivo ha dicho a través del ministro (de la Segpres, Álvaro) Elizalde, es que se va a vetar este demencial artículo que permitiría enfrentamientos entre nuestros compatriotas, y eso lo encuentro valorable por parte del Presidente”.
VODANOVIC PS
Sobre la aprobación del proyecto de usurpaciones en la Cámara Alta se refirió este jueves la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, asegurando que es necesario endurecer la ley, pero siendo crítica con la indicación de “autotutelaje”.
“Yo creo que la ley es súper necesaria. Agilizar los procedimiento, aumentar las penas, todo lo que contenía la ley originalmente era muy bueno. El problema es que en la Cámara de Diputados introdujeron una norma que irreflexivamente en el Senado se ratificó y no actuó como una verdadera cámara revisora, sino más bien adhiriéndose a un populismo penal preocupante”, apuntó en entrevista con Tele13 Radio.
En ese sentido, comentó que el artículo de “legitima defensa privilegiada” dice relación “con que los civiles, cualquier persona, pueda ejercer la autotutela, frente a un delito que es permanente, que es la innovación que hace esta ley, que la usurpación se transforme en un delito permanente, y por lo tanto, se pueda ejercer la posibilidad de restitución inmediata, a través de la fuerza pública, lo que está perfecto, pero a la vez, al ser un delito permanente se extiende la flagrancia, y ahí viene lo preocupante, frente a la flagrancia, la legítima defensa, el ejercicio de ella y finalmente una autotutela, es decir, la abdicación del rol del Estado de tener el monopolio de la fuerza”.
Sobre la postura de los partidos del oficialismo ante el proyecto, la senadora aseguró que “aquí nadie votó en contra de la ley (…) más que un tema político, yo le diría que es un tema jurídico y que es preocupante (…) no estamos en contra de la ley, estamos en contra de que se produzca un enfrentamiento entre civiles”.
“Cuando la Cámara revisora, que es el Senado, que debiera ser más reflexiva, y debiera entender los puntos jurídicos, actúa como una barra brava, tenemos un mal resultado en una norma de la ley”, recalcó la senadora, respecto de la indicación que ha generado polémica (legítima defensa privilegiada), y por la que el gobierno anunció que presentará un veto presidencial.
En concreto, la congresista del PS dijo que “la norma general de aprobar el proyecto de ley de usurpación no estuvo en peligro, lo que estuvo en conflicto fue esta norma en particular que se pretende llevar al Tribunal Constitucional, no porque no estemos de acuerdo como parlamentarios de gobierno con que es necesario legislar, sino particularmente porque se pueden producir enfrentamientos autorizados por la ley, ejerciendo la restitución como un delito flagrante permanentemente y ejercer una autotutela privilegiada”.
En lo medular, el proyecto de usurpaciones modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia de este delito.
TOHÁ CONFIRMA VETO EJECUTIVO
Tras la aprobación del proyecto, desde el gobierno rápidamente confirmaron que vetarán la norma sobre “legítima defensa privilegiada”, una conjunción de disposiciones que permitían a civiles actuar por su cuenta para recuperar terrenos tomados en cualquier momento. A juicio de La Moneda, que infructuosamente intentó convencer en la votación a grupos no alineados, ese punto da espacio a la “justicia por mano propia”.
De esta forma, la ministra del Interior en conversación con radio ADN confirmó que el gobierno aún no define que tipo de veto presidencial se incluirá a la medida, pero aclaró que desde el Ejecutivo no intervendrán los -a su juicio- “aspectos positivos” del proyecto y donde el Congreso logró acuerdos.
“Va a haber veto, tenemos 30 días para esto, pero los aspectos fundamentales donde hay acuerdo no los vamos a tocar. La técnica que usaremos las estamos estudiando, porque no queremos que se caiga la parte buena de la ley y donde hay acuerdo”, manifestó Tohá en conversación con ADN.
Sobre el artículo que consagra la legítima defensa privilegiada, la ministra señaló que “es una prerrogativa permanente, o sea, lo puedes aplicar dos meses después de que fue usurpado el bien. Entonces, alguien puede preparar un grupo de personas, armarlas, e ir por sus propios medios a repeler la usurpación”.
Además, confirmó que desde el Ejecutivo se buscará vetar el aumento de penas para las usurpaciones no violentas. Así lo graficó la ministra de Estado: “Otra cosa que queremos vetar es que, en el afán de aumentar las penas, se igualó la pena para la usurpación que se hace con violencia y la que, por ejemplo, rompe un candado o salta una reja. Si alguien usurpa con amenazas y armamentos, recibe la misma pena que alguien que salta una reja. La pena debería ser más baja en este último caso”.
“Queremos vetar ciertos aspectos que son muy conflictivos, pero al mismo tiempo no queremos sacrificar otros aspectos que son positivos y que estaban en el espíritu inicial del proyecto, (…) elevar las penas, transformar este delito como uno permanente, que habilita la acción de la policía en cualquier momento, y en eso estamos de acuerdo”, aseguró la secretaria de Estado.
SNA CRITICA VETO
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker abordó el veto que anunció el Ejecutivo al proyecto que fue despachado por el Congreso y que tiene relación con los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, más conocido como ley de «usurpaciones».
El líder del gremio agrícola criticó la acción del Gobierno, la cual tiene un plazo de 30 días para concretar.
Al respecto, Walker sostuvo que «la usurpación es un problema constante en las zonas rurales de nuestro país y requiere inmediata acción por parte del Estado. La ley aprobada en el Congreso entrega las herramientas para hacer frente a este flagelo y fortalece el Estado de Derecho, indispensable para el desarrollo productivo del país, atraer inversiones y generar empleos».
En esa línea, manifestó sus reparos por la acción que determinó el Ejecutivo y aseveró que «el veto anunciado por el Gobierno solo extenderá un problema cuya solución hoy está sobre la mesa».
Dicho eso, instó a las autoridades a «analizar los efectos positivos que han traído iniciativas como la Ley de Robo de Madera y la Ley Naín-Retamal, que también fueron cuestionadas en su momento y han mostrado ser herramientas eficientes para combatir la delincuencia».
Frente a las conclusiones que estimó el Gobierno para tomar la decisión, está en que se abriría la posibilidad de la legítima defensa privilegiada y se establece la flagrancia permanente.
Mientras que otra de las preocupaciones desde La Moneda, radican en que con esta legislación se caería en la «autotutela» y las personas podrían «tomar la justicia por sus propias manos». (La Tercera-Emol)
