Para entender lo que ocurre en el Caribe, conviene mirar hacia el Índico. En 2017, Sri Lanka entregó el control operativo del puerto de Hambantota a una empresa estatal china por 99 años, luego de no poder hacer frente a una deuda cercana a los 1.300 millones de dólares. No fue una invasión militar ni una anexión formal, sino algo más propio del siglo XXI: la consecuencia geopolítica de una asfixia financiera. Desde entonces, Hambantota se convirtió en un símbolo incómodo de cómo el crédito puede transformarse en influencia estratégica, en donde muchos analistas han llamado la estrategia de China como «la trampa de la deuda».
Venezuela no es Sri Lanka, pero la lógica subyacente no es del todo distinta. Entre 2007 y 2016, China prestó a Caracas más de 60.000 millones de dólares, convirtiéndose en su principal acreedor externo en Latinoamérica. La mayoría de esos préstamos se estructuraron bajo el esquema de»petróleo a cambio de financiamiento». Cuando la producción venezolana comenzó a colapsar —de más de 3 millones de barriles diarios a fines de los noventa a menos de un millón en la última década—, el problema dejó de ser ideológico y pasó a ser cuantitativo.
Hoy, una parte relevante del crudo venezolano sigue destinada a pagar compromisos con China, reduciendo drásticamente los ingresos líquidos del Estado. No existe una cesión explícita de soberanía ni una “venta del país”, pero sí una pérdida concreta de autonomía económica. Venezuela exporta petróleo, pero no siempre decide libremente qué hacer con la renta que genera. En términos prácticos, dejó de controlar plenamente su principal activo estratégico. El Lago de Maracaibo condensa esta paradoja. Allí se encuentra buena parte de la infraestructura petrolera histórica del país, en una nación que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo —más de 300.000 millones de barriles según la OPEP—, pero que hoy produce una fracción de lo que producía hace treinta años. China no controla esos yacimientos, pero sí ocupa una posición privilegiada como acreedor en un Estado colapsado. Y eso, en geopolítica, importa tanto como la propiedad formal.
La ironía es que, mientras Washington observaba con inquietud el avance chino en Venezuela, Pekín ya juega en otra liga energética. En 2025, China superó los 1.600 gigavatios de capacidad instalada en energías renovables, cuadriplicando la capacidad de EE.UU. Ese mismo año, cerca del 60% de los vehículos eléctricos vendidos en el mundo fueron fabricados por empresas chinas. El gigante asiático sigue siendo el mayor importador de petróleo del planeta, pero su estrategia es clara: diversificar riesgos y no quedar atrapado en una sola fuente de poder. Así, el petróleo venezolano no es vital para el desarrollo chino, pero sí es funcional. Representa una fuente de suministro obtenida en condiciones ventajosas, en un contexto de sanciones y aislamiento occidental. Beijing no apuesta al pasado fósil, pero tampoco lo descarta mientras le permita ganar tiempo y margen de maniobra en la transición energética.
Estados Unidos, en cambio, parece atrapado en una tensión no resuelta. Lidera la innovación tecnológica, pero su política exterior sigue operando bajo reflejos del siglo XX. Venezuela reaparece entonces no solo como un problema humanitario o democrático, sino como una pieza incómoda en un tablero mayor: permitir que China consolide flujos energéticos fuera del dólar en el hemisferio occidental tensiona el corazón del sistema financiero internacional, y —a mi juicio— ese es el meollo de la intervensión.
Así las cosas, emerge lo que podría llamarse una nueva mutación de la Doctrina Monroe. Ya no se trata de impedir colonias europeas en Latinoamérica, sino de excluir a China y sus aliados de América Latina. El mensaje incluso ha sido explícito por Trump: los recursos estratégicos del continente deben permanecer bajo la órbita de Washington, incluso si eso implica negociar con regímenes fallidos o políticamente incómodos.
Venezuela emerge como una casa hipotecada: un Estado insolvente que permitió que un acreedor extrarregional condicionara la gestión de su principal activo estratégico. En ese contexto, la intervención estadounidense no es un gesto humanitario ni una cruzada democrática, sino una corrección geoeconómica tardía, destinada a influir sobre el mercado petrolero, erosionar la capacidad de financiamiento de Rusia e Irán y revertir la creciente presencia china en el hemisferio.
Pero esta disputa petrolera puede ser solo un paréntesis. El conflicto decisivo no se librará únicamente en los pozos que hoy se oxidan, sino en los minerales que sostendrán la economía del mañana. Tras el Caribe, la mirada se desplaza inevitablemente hacia el sur: litio, cobre y tierras raras. América Latina vuelve a ser escenario de una rivalidad entre potencias que no diseñó, pero cuyos costos —como tantas veces— volverá a pagar. (Red NP)
Patricio Torres Luque
Académico Facultad de Negocios y Tecnología Universidad UNIACC
