El Parlamento de Venezuela, bajo el control del chavismo, inició el proceso de consulta pública para la ley de amnistía propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El proyecto, que ya recibió una aprobación unánime en primera instancia, busca otorgar libertad general a procesados por delitos políticos cometidos entre 1999 y enero de 2026. Esta iniciativa se desarrolla en un contexto de alta tensión tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el anuncio de un cronograma de excarcelaciones que el Legislativo espera culminar esta misma semana.

La normativa establece exclusiones claras para responsables de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y delitos comunes como el narcotráfico o la corrupción pública. Pese a esto, diversas organizaciones no gubernamentales han levantado alertas sobre el contenido del articulado, especialmente respecto a la extinción de acciones civiles y administrativas. Según los críticos, esto podría traducirse en un mecanismo de impunidad que impide a las víctimas demandar al Estado o sancionar a funcionarios responsables de abusos.

Uno de los puntos de mayor controversia es la narrativa del proyecto, que califica la crisis como un producto del “extremismo”, término que la oposición y organizaciones como Acceso a la Justicia consideran sesgado. Además, se cuestiona que la ejecución de la medida recaiga en la Fiscalía y los tribunales actuales, los mismos órganos señalados por participar en la persecución política. Expertos sugieren que, para una reconciliación efectiva, el proceso debería incluir la verificación de organismos internacionales y la participación activa de las víctimas.

En paralelo al debate legislativo, la situación de los detenidos muestra señales contradictorias, ejemplificadas en el caso del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue recapturado pocas horas después de su liberación bajo acusaciones de violar medidas cautelares. Mientras la oposición cifra en más de 400 las excarcelaciones recientes, el Gobierno defiende que el proceso es parte de un nuevo momento político, aunque sin derogar leyes represivas como la Ley contra el Odio, cuya vigencia sigue siendo un obstáculo para las libertades civiles en el país. (NP-Gemini-Emol-EFE)