Por segunda semana consecutiva, caducó la “discusión inmediata” con la que el Ejecutivo buscaba acelerar el proyecto de ley que criminaliza el ingreso por pasos no habilitados. La iniciativa, que propone penas de hasta 540 días de presidio y multas de hasta 20 UTM, no ha logrado avanzar debido a la falta de constitución de comisiones y al reciente receso por trabajo regional, sumando un nuevo obstáculo a una de las medidas más emblemáticas de la actual administración.
La tramitación enfrenta ahora una compleja barrera política en la Comisión de Gobierno del Senado, liderada por la oposición tras el reciente pacto administrativo. La senadora Danisa Astudillo (PS), quien preside la instancia, ha marcado distancia con la premura de La Moneda, subrayando la autonomía de la comisión para fijar sus tiempos y criticando la falta de comunicación directa por parte del Gobierno al renovar las urgencias.
DESAFÍOS LOGÍSTICOS Y JUDICIALES
El debate sobre la moción ha reabierto interrogantes sobre su efectividad práctica. Sectores críticos advierten que judicializar la migración irregular podría retrasar las expulsiones y saturar un sistema carcelario que no cuenta con la capacidad ni la infraestructura adecuada para este fin. Aunque el proyecto contempla la reconducción inmediata en la frontera, el tratamiento de menores de edad y el debido proceso siguen siendo puntos de fricción en la discusión legislativa.
ESCENARIO EN LA COMISIÓN DE GOBIERNO
Con una composición de tres votos de oposición frente a dos oficialistas, el panorama para el Ejecutivo se torna cuesta arriba. Se espera que el Gobierno renueve la urgencia por tercera vez el próximo 7 de abril, apostando a convencer a senadores del Socialismo Democrático para destrabar la iniciativa. De no mediar un acuerdo con la presidencia de la comisión, la discusión en sala podría postergarse hasta mediados de abril, obligando a una cuarta renovación de los plazos legales. (NP-Gemini-La Tercera)