En la antesala de la revisión de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, salió en defensa de su excolega de gabinete y alertó sobre las posibles consecuencias jurídicas de una eventual aprobación del libelo.
Alrededor del mediodía de este lunes, la portavoz del Ejecutivo ofreció una declaración en La Moneda, en la que, además de abordar la agenda del Presidente Gabriel Boric, respondió preguntas sobre el proceso que busca sancionar a Pardow con cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La ministra Vallejo fue enfática al señalar que el Gobierno sostiene que la acusación «no tiene mérito» y establece un «precedente bien peligroso en nuestra democracia.»
Explicó que la peligrosidad radica en que se busca responsabilizar políticamente a un ministro por actos que, por mandato legal, son competencia exclusiva de «organismos técnicos.»
Esta defensa se alinea con la postura de Pardow y su abogado, Francisco Cox, quienes han argumentado que la entidad competente para actuar frente al fallo metodológico que causó el error en las tarifas eléctricas —que encareció las cuentas en cerca de $112 mil millones por una doble aplicación del IPC— era la Comisión Nacional de Energía (CNE).
La portavoz de La Moneda cuestionó el precedente que se sentaría: «¿Qué queda para el futuro de los ministros, sea del gobierno que fuere? ¿Vamos a hacer que pasen por sobre las atribuciones de organismos técnicos por criterio político?»
Vallejo aseguró que este precedente es «peligroso» y afirmó que los expertos que comparecieron ante la Cámara de Diputados coincidieron con esta línea de argumentación.
Finalmente, la ministra instó al Senado, que actúa como entidad juzgadora en este procedimiento, a «revisar estos argumentos,» los cuales son jurídicos y demuestran que la acusación no solo carece de mérito, sino que representa un «precedente peligroso y riesgoso para lo que es el ordenamiento jurídico del Poder Ejecutivo.»
Recalcó que existen «organismos técnicos» a los que la ley manda cumplir ciertas tareas, y una autoridad política «no puede pasarles por encima o dirigir esas definiciones que son técnicas por criterios políticos.» (NP-Gemini-La Tercera)
