El fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó que es posible introducir reformas a la Constitución que entreguen nuevas herramientas para enfrentar al crimen organizado, aunque enfatizó que corresponde a las autoridades políticas determinar cuáles modificaciones deben impulsarse y la prioridad que tendrán dentro de la agenda de seguridad.

En entrevista con Radio Universo, el jefe del Ministerio Público fue consultado sobre la reforma constitucional de seguridad promovida por el Gobierno y acerca de si la normativa vigente proporciona instrumentos suficientes para combatir fenómenos como el crimen organizado y el terrorismo.

Valencia explicó que desde su llegada a la Fiscalía Nacional estableció como principio enfrentar los desafíos de seguridad con las herramientas jurídicas, humanas y materiales disponibles, evitando convertir las eventuales carencias de recursos en una justificación frente a las dificultades para perseguir la delincuencia.

En ese sentido, señaló que el Ministerio Público debe enfrentar especialmente a las organizaciones criminales transnacionales utilizando las facultades que actualmente proporciona el ordenamiento jurídico, incluida la Constitución, además de los recursos humanos y materiales entregados por el Estado.

El fiscal nacional resumió esa posición señalando que la institución debe ser capaz de actuar con los instrumentos existentes. Como muestra de los avances alcanzados, mencionó las extradiciones, la disminución de la tasa de homicidios, el incremento de la población carcelaria y una reducción de los niveles de impunidad.

Pese a esos resultados, Valencia sostuvo que las instituciones y los sistemas normativos siempre pueden perfeccionarse. Bajo esa premisa, planteó que las normas constitucionales también pueden ser objeto de modificaciones destinadas a mejorar las capacidades del Estado frente a nuevas formas de criminalidad.

Como ejemplo mencionó la creación de una Fiscalía Supraterritorial, iniciativa que el Ministerio Público planteó como una necesidad y que posteriormente fue recogida por el Ejecutivo y el Congreso. Su implementación requirió efectuar una reforma constitucional.

A partir de esa experiencia, Valencia sostuvo que pueden concebirse nuevas modificaciones constitucionales destinadas a proporcionar mayores instrumentos para perseguir a las organizaciones criminales.

El fiscal nacional evitó, sin embargo, pronunciarse sobre cuáles reformas específicas deberían impulsarse en el marco del actual debate. Recalcó que corresponde a las autoridades políticas establecer esas definiciones y determinar la prioridad que tendrán las eventuales modificaciones constitucionales en la estrategia de seguridad del país. (NP-ChatGPT-Emol)