El fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó que el levantamiento del secreto bancario podría contribuir a acelerar diversas investigaciones penales, aunque sostuvo que la principal dificultad que enfrenta actualmente el Ministerio Público no radica en la obtención de autorizaciones judiciales, sino en la lentitud con que las entidades bancarias entregan la información y en los formatos utilizados para ello.

Durante una entrevista concedida a Radio Universo, en el marco del debate surgido tras la denominada “Operación Tokio”, investigación que permitió desarticular una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado cerca de US$80 millones en Chile, Valencia abordó las limitaciones existentes para acceder a antecedentes financieros.

El jefe del Ministerio Público señaló que la discusión sobre el secreto bancario se ha concentrado excesivamente en la protección de la privacidad de las personas naturales, dejando de lado otros ámbitos donde, a su juicio, podrían impulsarse cambios con mayor rapidez. En ese contexto, cuestionó que organismos públicos como municipios, corporaciones municipales, empresas estatales o ministerios estén sujetos a las mismas exigencias para el acceso a sus movimientos bancarios.

Valencia sostuvo que las instituciones públicas no poseen un nivel de privacidad comparable al de las personas en su vida privada, por lo que estimó que la fiscalía debería contar con mecanismos más expeditos para revisar sus cuentas cuando sea necesario en el marco de una investigación.

El fiscal nacional extendió ese planteamiento a corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, argumentando que resulta pertinente debatir si dichas entidades deben mantener las mismas restricciones respecto de la revisión de sus movimientos financieros, especialmente considerando los beneficios tributarios que reciben.

Asimismo, indicó que una lógica similar podría aplicarse a grandes empresas y sociedades anónimas, planteando que organismos estatales especializados, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), podrían disponer de procedimientos más ágiles para acceder a determinada información financiera.

Respecto de las personas naturales, Valencia reconoció que en ocasiones algunos tribunales rechazan solicitudes para revisar cuentas corrientes, pero aclaró que esa no es la dificultad más habitual. Según explicó, el principal problema es la demora en la entrega de antecedentes por parte de los bancos y la presentación de estos datos en formatos poco prácticos para su análisis.

El fiscal ejemplificó que gran parte de la información continúa siendo remitida en documentos PDF o incluso en papel, lo que obliga a destinar tiempo y recursos a la transcripción de datos. Añadió que la fiscalía ha desarrollado herramientas de inteligencia artificial para enfrentar estas limitaciones, aunque advirtió que la regulación en esta materia sigue siendo insuficiente.

Finalmente, Valencia reconoció que un acceso irrestricto a las cuentas corrientes permitiría avanzar con mayor rapidez en las investigaciones, pero advirtió que una medida de ese tipo implica un debate de fondo sobre las libertades individuales y la protección de la privacidad. En ese sentido, enfatizó que corresponde al Congreso Nacional definir los límites entre las facultades investigativas del Estado y los derechos de los ciudadanos. (NP-ChatGPT-Emol)