Hace unos días, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el caso de una familia que recurrió de protección ante la ocupación ilegal de un terreno de su propiedad. En su lugar, el máximo tribunal ordenó, tanto a los propietarios afectados como a la autoridad, coordinar una “solución global y efectiva” para quienes usurparon dichos terrenos, de manera que “sus derechos sean igualmente resguardados”.

Parece una ironía, pero quienes acudieron a los tribunales de justicia buscando hacer respetar el imperio de la ley deberán ahora concertar una solución, junto con las autoridades, para resguardar a los ocupantes por las precarias condiciones de vida en que se hallan.

Se atribuye a Pitágoras una frase muy atingente: “el legislador debe ser el eco de la razón, y el magistrado, el eco de la ley”. En otras palabras, al juez lo que es del juez: fallar con apego a la ley. De lo contrario, se corre el riesgo de que, persiguiendo soluciones en apariencia justas, se desconozca el derecho de la parte afectada y se le cargue con deberes que corresponden al Estado, vulnerando la igualdad ante la ley y la separación de poderes. (El Mercurio Cartas)

Andrea Martínez M.
Observatorio Judicial