La compra del Instituto Arcos por la Usach, avalada por una garantía estatal de $30.000 millones, establece un peligroso precedente. La participación directa de altos funcionarios del Ministerio de Educación y el despliegue de recursos públicos para una operación específica vulnera el principio de autonomía universitaria y la neutralidad que debe guiar al Estado.
Cuando las decisiones de salvataje parecen responder a afinidades ideológicas antes que a criterios académicos o técnicos indiscutibles, se socava la credibilidad de todo el sistema.
Por ello es imperioso que el Ministro rinda cuentas exhaustivas y que la ciudadanía sepa si primó el rigor técnico o la conveniencia política en esta millonaria decisión.
La educación pública no puede ser un botín de influencias, so pena de devaluar su esencia y misión fundamental. (El Líbero)
Jorge Gacitúa Muñoz
Abogado
