Los pagos a pensionados de gracia del estallido social, que sumaron casi 6,49 millones de dólares hasta septiembre, han puesto de relieve el costo fiscal de esta política de compensación, junto con la controversia generada por casos de presunto fraude y beneficiarios con antecedentes. La Tesorería General de la República detalló que se han entregado más de seis mil doscientos millones de pesos, equivalentes al monto señalado, desde principios de 2022.
El informe, obtenido vía Ley de Transparencia, revela que doscientos setenta de las cuatrocientas dieciocho pensiones totales fueron otorgadas durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, y ciento cuarenta y ocho en la administración anterior. El monto total de los pagos equivale, por ejemplo, al costo de construir un Centro de Salud Familiar o adquirir doscientos dieciséis furgones policiales.
La controversia se agudizó con la reciente formalización por fraude de subvenciones de dos pensionados. Este jueves, Robinson Jaramillo Monje, con una condena previa por abuso sexual y que alcanzó a recibir casi siete millones de pesos, quedó en prisión preventiva. El segundo formalizado, Francisco Gatica Catalán, quien admitió haber inventado su lesión por perdigón, recibió más de siete millones de pesos y quedó con arresto domiciliario nocturno.
Otro caso que genera polémica es el de Juan Francisco Villalobos Prado, prófugo por estafa durante un año y medio, que ha recibido más de diecinueve millones de pesos, a pesar de que la causa en que figuraba como víctima de Carabineros fue cerrada y el INDH retiró su apoyo. Villalobos Prado, pensionado por el Presidente Boric, continúa recibiendo cerca de setecientos mil pesos mensuales. Cabe recordar que el gobierno revocó el beneficio a veintiocho casos cuestionados el año pasado.
Las pensiones se otorgaron inicialmente sin revisión de antecedentes penales o verificación de testimonios, pues no era un requisito legal. El Presidente Boric, en su primera cuenta pública, había prometido aumentar los recursos estatales para las víctimas del estallido social, un beneficio que se sumó a la promoción de la liberación de los denominados «presos de la revuelta» y que fue un tema de las primeras crisis de su gestión tras los indultos otorgados.
Este panorama se enmarca en un informe estadístico reciente de la Fiscalía Nacional sobre el estallido, que detalla que un treinta y cuatro coma uno por ciento de los delitos asociados al 18-O correspondieron a violencia institucional de agentes del estado, mientras que los saqueos y delitos contra la propiedad sumaron un treinta y uno coma siete por ciento.
$ 585 MILLS. EN PAGOS DEL FISCO POR DAÑOS
A seis años de iniciado el estallido social de 2019 varios procesos indemnizatorios continúan abiertos y siendo investigados por la Fiscalía. De aquellas causas, varias cerrarán sin responsables, como la de los cinco fallecidos durante un saqueo e incendio que consumió una bodega de Kayser en Renca.
En ese contexto, desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) explican a El Mercurio que se han presentado 19 demandas contra el fisco por omisión de resguardos tras hechos relacionados con el estallido, cuya cuantía alcanza los $103.583.671.094.
Desde el CDE señalan que de aquellas, 14 se mantienen en tramitación. Sin embargo, cinco de estas acciones no han sido satisfactoria para los demandantes, dado que «las cinco restantes han terminado por abandono del procedimiento o declaración de incompetencia del tribunal».
No obstante, las demandas por omisión sólo representan el 2,8% de las 489 acciones en las que el CDE ha defendido al fisco. A la fecha se han presentado 479 demandas por $160.947.394.890, en que personas afectadas por daños físicos durante el estallido buscan una indemnización. En este marco, el Estado ha tenido resultados desfavorables en siete ocasiones, pagando $585.229.336. Lea más en El Mercurio. (NP-Gemini-ExAnte-Emol)
