El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó nuevos detalles sobre la propuesta de “reconstrucción fiscal” que busca limitar el acceso a la gratuidad en educación superior. El secretario de Estado precisó que la restricción de edad —fijada en los 30 años— se aplicará únicamente a quienes postulen en el futuro a carreras universitarias, dejando fuera de esta limitación a quienes opten por carreras técnicas. Además, enfatizó que la medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que los actuales beneficiarios mantendrán su financiamiento estatal.
Según datos de matrícula de 2025, el impacto de esta medida habría afectado a 8.774 estudiantes que ingresaron a universidades con más de 30 años, lo que representa apenas el 1,4% del total de beneficiarios del sistema. En contraste, más de 17.000 alumnos en ese rango etario estudian en institutos profesionales o centros de formación técnica, quienes seguirían contando con el beneficio bajo la nueva normativa. Los testimonios de estudiantes mayores de 30 años reflejan realidades marcadas por el cuidado de hijos o la necesidad de trabajar tempranamente para sustentar a sus familias antes de poder acceder a la educación terciaria.
El Ejecutivo subrayó que esta iniciativa no es una decisión aislada, sino que se basa en las recomendaciones de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público conformada en mayo de 2025. Dicha instancia, integrada por expertos de diversos sectores políticos, propuso evaluar criterios de edad para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. El informe técnico también sugirió modificar el “gatillo” de expansión del beneficio para evitar que la gratuidad universal comprometa las arcas fiscales en el largo plazo.
Finalmente, desde el oficialismo surgieron algunas imprecisiones respecto a la duración del beneficio. Ante críticas que apuntaban a estudiantes con “12 años de carrera”, se recordó que la ley vigente ya limita la gratuidad a la duración formal de los estudios. Actualmente, más de 70.000 personas han perdido el beneficio por exceder este tiempo, debiendo autofinanciar la diferencia bajo un régimen de arancel regulado, lo que desmiente la existencia de una cobertura indefinida por parte del Estado. (NP-Gemini-La Tercera)