La seguridad es uno de los principales desafíos país. No solo porque es la primera preocupación ciudadana, sino porque la inseguridad afecta de manera desproporcionada a quienes menos tienen, quitándoles la libertad. Si bien es cierto que Chile presenta una de las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica y del mundo, la violencia y el uso creciente de armas de fuego en delitos violentos generan un temor legítimo y real en la gente.
Ante esta realidad, urge una respuesta política y seria, que valore y legitime la importancia ciudadana del tema, mirando todas sus dimensiones, y que proponga soluciones urgentes y multidisciplinarias.
Vivir seguros y libres de amenazas es un derecho humano fundamental que no puede depender de los recursos económicos de cada persona y menos de un Estado policial que invada todas las esferas de la vida. Una política de seguridad progresista en una sociedad abierta, tolerante, libre e igualitaria, debe partir por poner la persona al centro. Esto implica revalorar la seguridad como otra cara del derecho a la libertad de las personas ante amenazas, más que como la canonización absoluta del derecho a la propiedad privada. Implica terminar con la identificación de la seguridad con los delitos de pobres a ricos, que han transformado a la cárcel en una extensión de la pobreza, y tener una mirada más amplia del delito, incluyendo los de cuello y corbata y, sobre todo, los que impiden vivir libremente en los barrios.
Para que esto ocurra, debemos contar con una mirada integral al fenómeno del delito y la seguridad que parta por la prevención eliminando de raíz aquellas circunstancias que favorecen la comisión de estos. Una de ellas es la deserción escolar. Programas psicosociales de alerta temprana de ausentismo y de segunda oportunidad de reescolarización son simultáneamente política social y de prevención del delito. De igual manera, entender el consumo problemático de drogas como un problema de salud, generando una oferta de tratamiento de salud mental hoy inexistente. Tercero, entender que no hay buen urbanismo si no aporta a la seguridad ambiental. Una política de espacios públicos seguros supone, por ejemplo, iluminación urbana de calidad, recuperación de sitios eriazos, eliminación de microbasurales y cierres transparentes.
A lo anterior, debemos agregar una política policial acorde con la magnitud y complejidad de la tarea, recuperando el rol profesional y preventivo de Carabineros. La vigilancia estratégica y la cercanía con la comunidad, además de los mecanismos de control, son claves para recuperar la confianza. Esto supone establecer un modelo comunitario, pasando de un enfoque centrado en el control y represión hacia uno centrado en la seguridad del barrio, la calidad de vida y la solución de problemas. Pasar de trabajar con la comunidad a estar asociada con esta; de ser un cuerpo reactivo a uno proactivo. Con todo, urge mejorar el uso de nuevas tecnologías de información, big data y la capacidad analítica para focalizar su accionar y multiplicar los recursos disponibles para la calle.
Por último, hay que repensar nuestro sistema penal, carcelario y de reinserción. Durante décadas se ha instalado el mito de que la peor puerta giratoria es la del detenido que no termina en la cárcel. Sin embargo, tenemos una de las tasas más altas de encarcelación de América Latina, con cárceles sobrepobladas, sea por delitos graves y otros no tanto. Eso no quiere decir que no podamos mejorar la eficacia de nuestro sistema y, por cierto, la penalización adecuada de cada delito. La puerta giratoria que más debiera preocuparnos es la reincidencia. De no parar la carrera delictiva, especialmente de quienes parten a temprana edad, el sistema no dará abasto. Todo lo que hagamos por reinsertar a un preso en la sociedad, con un oficio digno y bien remunerado, será una inmensa ganancia social.
Un verdadero progresista no debe mirar con desgano o complejo el desafío de la seguridad. Debe ser una de nuestras banderas de lucha, como parte de una agenda de DD.HH. de segunda generación. Si hay un ámbito donde la ciudadanía se debate entre la incredulidad y el escepticismo es este. La prédica simplista de «mano dura» y la privatización de la seguridad no han dado buenos resultados. Es hora de que exista una alternativa seria y con convicción de quienes creemos en la seguridad como un derecho humano.
El Mercurio
