Una sociedad libre no se sostiene solo sobre derechos. Necesita también deberes, límites y personas dispuestas a responder por sus decisiones. Sin embargo, buena parte de la discusión pública parece avanzar en la dirección contraria. Cuando una conducta trae consecuencias adversas, surge la expectativa de que su costo lo asuma el Estado, una institución o alguien más.
El “olvido financiero” —vetado por el Gobierno— propuso borrar antecedentes para facilitar el acceso al crédito, como si la confianza se recuperara por decreto. A ello se suma la resistencia a condicionar beneficios públicos a la conducta de quien los recibe, como ocurrió con el rechazo a que pierdan la gratuidad universitaria quienes delinquen. También están los deudores del CAE que, teniendo capacidad para pagar, prefieren no hacerlo. Y la norma —impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional— que obliga a reconectar de manera inmediata los servicios básicos de usuarios morosos que se encuentren en zonas declaradas de catástrofe. En todos estos casos se manifiesta la intención de conservar el beneficio sin asumir los deberes que lo acompañan.
Cada situación tiene matices. Hay personas que merecen una segunda oportunidad y otras que atraviesan circunstancias que justifican apoyo especial. El problema comienza cuando, bajo la égida de una igualdad mal entendida, se pretende que nadie deba cargar con los efectos de sus decisiones. Entonces la igualdad deja de significar que todos estamos sujetos a las mismas reglas y se confunde con borrar cualquier diferencia que provenga de la conducta.
Pero los costos no desaparecen porque una ley lo decida. Solo pasan a otra persona. Si el historial de pago deja de importar, quienes cumplen terminan soportando parte del riesgo de quienes no lo hacen. Si un beneficio no puede condicionarse al respeto de ciertas normas, son los demás contribuyentes quienes financian esa decisión. Si el incumplimiento no tiene efectos, quien actuó diligentemente termina preguntándose para qué lo hizo. Y si el Estado siempre absorbe las malas decisiones individuales, acaba debilitando aquello que una sociedad necesita para funcionar: confianza, esfuerzo y respeto por las reglas.
Hablar de responsabilidad individual no significa castigar a quien tropieza ni dejar solo a quien fracasa, sino reconocer algo muy humano: que las personas pueden elegir, equivocarse, aprender y hacerse cargo de lo que hacen. Negarlo puede parecer compasivo, pero implica tratarlas como si fueran incapaces de conducir su vida. Tampoco significa ignorar la enfermedad, el desempleo o los accidentes que pueden cambiar la situación de alguien. Una política pública justa debe distinguir. No es lo mismo quien no pudo pagar porque perdió su trabajo que quien, pudiendo hacerlo, decidió no cumplir. Ayudar al primero es solidaridad; liberar al segundo de las consecuencias de sus decisiones es injusto con los demás.
La libertad necesita reglas comprensibles y consecuencias previsibles. El crédito depende de la confianza que se construye pagando; la educación, del respeto a profesores y compañeros; la convivencia, de normas que rijan para todos. Cuando esos vínculos se debilitan, no emerge una sociedad más inclusiva, sino una más desconfiada.
Conviene recordar: los derechos nos protegen frente al abuso, pero no nos liberan de responder por nuestros actos. El Estado debe abrir oportunidades, corregir injusticias y ayudar a quien cae a ponerse de pie. Lo que no puede hacer es convertir toda consecuencia adversa en discriminación ni todo deber en una carga injusta.
Una sociedad sin responsabilidad no es más humana. Es una sociedad en la que hacer lo correcto empieza a parecer ingenuo y donde la cuenta termina pagándola otro. La solidaridad no consiste en borrar los deberes, sino en ayudar a cada persona a asumirlos. (El Líbero)
Jorge Jaraquemada