Tenemos una crisis escolar importante: un millón doscientos mil niños y niñas con menos de 85% de asistencia a clases; déficit de matrículas en varias comunas (y una tómbola que somete a la indignidad a sus familias para conseguir un cupo). Debilitamiento de la autoridad en los colegios; apoderados enfrentándose con alumnos o profesores literalmente a golpes; violencia política en los liceos emblemáticos. Y un largo etcétera.
Cuidado con comprarse la tesis de adjudicarle la crisis a la pandemia. Que Chile fuera el país de la OCDE que más días mantuvo cerradas las escuelas aceleró los problemas.
El ostensible deterioro en todo sentido, convivencia, cobertura, calidad, es consecuencia de algo más profundo: la imposición, casi por la fuerza, de un discurso ideologizado en torno a la educación, que ahoga la libertad de las familias para elegir un proyecto de formación, desprecia el esfuerzo y degrada la disciplina, y en el que se han fundado malas decisiones.
El gobierno del Presidente Gabriel Boric tiene una responsabilidad política mayor. Partiendo porque nacen a la vida pública él, Vallejo, Jackson, Cariola, y todo el Frente Amplio, a partir de la movilización estudiantil del 2011, exigiendo cambios en educación. A esa bandera deben el respaldo electoral, primero para el Congreso, y hoy para gobernar.
Luego, porque son ellos los inspiradores ideológicos de malas reformas impulsadas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuyos resultados aún no se han desplegado del todo y que, como vemos hoy, fueron contra el sentido común y la evidencia en el mundo.
Si de culpar a la pandemia se trata, el reconocimiento del ministro Ávila de que fue un error presionar para mantener cerradas las escuelas por más de 250 días no los exime como coautores de esa catástrofe, en complicidad con el Colegio de Profesores.
Ahí están archivados, para la memoria, los proyectos de ley para obligar al cierre de los colegios y la acusación constitucional que levantó el actual oficialismo contra el exministro Figueroa, precisamente por insistir en el regreso a clases.
Tampoco parece importarles demasiado. Recién la semana pasada, el Presidente Boric anunció, desde México, que “la recuperación educativa pasa a ser de las prioridades de nuestro gobierno”. Todo un año escolar perdido. No sabemos hasta ahora qué medidas se desprenderán de esa frase.
Hay un evidente déficit de competencias en el Mineduc hoy para enfrentar un problema de esta envergadura. Y como en otros temas, frente a la crisis escolar el Gobierno se debate entre postergar decisiones y una persistente voluntad por imponer malas ideas.
No hay un plan. No hay agenda legislativa. Se postergó la Evaluación Docente (lamentablemente, con votos de la oposición) y el traspaso de colegios municipales a los servicios locales. Se pretendió suspender el Simce. No quieren aplicar Aula Segura porque “criminaliza” la organización de los estudiantes. Y harán todo lo posible por ahogar progresivamente a los Liceos Bicentenario.
Las prioridades son pagar el CAE y la deuda histórica de los profesores, dos multimillonarias demandas, simbólicas para su electorado, regresivas para el resto.
Se necesita algo más que una guitarra.
El Gobierno tiene que organizar a una orquesta completa y dirigirla, para que millones de escolares retomen, ni más ni menos, que el hábito de ir a clases todos los días. Y para, después, hablar de calidad y que la Educación vuelva a ser el principal camino de movilidad social.
Es urgente y lo saben. Ya se perdió un año. (El Mercurio)
Isabel Plá
