La publicación reciente del IPoM de septiembre ha generado una discusión pública de otro orden a la que hemos estado acostumbrados surja cuando el órgano emisor fundamenta su política monetaria. Habitualmente, las proyecciones de crecimiento económico suelen ser material suficiente para avivar la discusión pública. En esta oportunidad se suma un nuevo elemento abriendo la caja de Pandora: el análisis de la situación del mercado laboral hecho por el Central. En este IPOM, al igual que en el de diciembre del año pasado, se alude a los eventuales efectos negativos en el empleo que derivarían del alza en los costos laborales producida por recientes reglas laborales. Por una parte, las alzas acumuladas en el salario mínimo regladas en la Ley 21.578 y, por otro, la gradual contracción de la jornada laboral que se regló en la Ley 21.561 (Ley de 40 horas).
Aludir a nuevas reglas laborales como responsables de malas noticias económicas genera suficientes incentivos a diferentes grupos de interés para avivar la discusión pública en múltiples focos. Por una parte, las nuevas reglas laborales, discutidas y aprobadas por el Congreso Nacional, pueden ser vistas como un golpe a los políticos responsables de dictarlas, muchos de los cuales se encuentran en pleno período de renovación de sus mandatos políticos que se zanjará en la próxima elección de noviembre. Por otro, hay quienes, a propósito de ser objetores de la limitada sujeción al poder político que caracteriza actualmente al Banco Central, a partir de la reforma de 1989, les puede resultar conveniente aprovechar esta oportunidad para reponer en la agenda su postura de mayor control político sobre el instituto emisor, calculando que este puede estar gozando de menor popularidad por cuestionar la virtud de reglas laborales populares que benefician a miles de empleados.
También están los conspiranoides, esos que están convencidos de que existe una suerte de poder fáctico dentro de la élite directiva del Central, que tendría una agenda política propia, y que aprovecha de poner de su cosecha para impregnar su ideología en los IPoM como medio de alinear la discusión política a sus propios intereses durante la coyuntura de elección presidencial. Algunos de estos últimos aluden a la oportunidad escogida por el instituto emisor para hacer ver su análisis del mercado laboral, ignorando que las reglas aludidas son recientes, y no podrían haberse incorporado a análisis anteriores, además de pasar por alto que ya en diciembre de 2024 el Banco Central había reparado en los efectos sobre el empleo de las nuevas reglas laborales.
No debiera sorprender que cuando se publicitan malos augurios, se suele transformar al mensajero en víctima de reproches. Los palos al mensajero van de estar desprovisto de los adecuados fundamentos, de no usar los datos apropiados, de perseguir una agenda propia, etc.
El trasfondo del asunto es dilucidar si el augurio es o no pertinente. Hoy por hoy, a nadie sorprende la base argumental de que a mayores costos laborales, menor será el dinamismo en el empleo. Tampoco debiera sorprender a nadie que mejoras en las condiciones laborales tienden a alinear los incentivos de la fuerza laboral con los objetivos del sector empresarial (diversas teorías de salarios de eficiencia), o que el análisis de la evidencia internacional tiende a detectar pocos efectos de los salarios mínimos en el empleo. Por lo tanto, el asunto debiera traducirse en una discusión eminentemente técnica que rebata o no a las minutas del equipo de profesionales del Banco Central que elaboró el análisis del mercado laboral que se alude en el IPoM.
La discusión pública puede ser entretenida, pero convengamos que es inoperante como foro para dilucidar la polémica de fondo: ¿afectaron o no negativamente las nuevas leyes laborales el nivel de desempleo? El foro académico es el idóneo para ventilar y dar luces a esta pregunta. Las instituciones de ciencia abierta facilitan la contraposición de ideas, de teorías y paradigmas, sobre la base de evidencia y análisis de datos. Los profesionales del Banco Central también suelen usar la academia para publicar sus trabajos. La presente polémica ilustra la necesidad de esta práctica, pues con ella se previene el ensimismamiento de un órgano que goza de autonomía protegida constitucionalmente.
Bernardita Escobar Andrae
