Recorrer las algo más de 140 páginas de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, no deja de ser un ejercicio interesante. Hay diversos antecedentes que pueden ser útiles para sustentar una crítica política a su gestión, pero ninguno de ellos permite acercarse al convencimiento de que se haya configurado alguna de las causales que permitirían darle credibilidad a dicha acusación.
Tal vez, no son tiempos para solicitar precisiones legales, pero sí pueden serlo para exigir responsabilidades de nuestros legisladores. La política tiene mucho de conflicto, de oposición férrea, de imponer altos costos al adversario. Con todo, también debe tener espacios de reflexión, calma y colaboración. En educación este estado de ánimo ha sido difícil de conseguir desde hace un buen tiempo.
Sin embargo, los daños que ha provocado la pandemia a los aprendizajes promedio y a las brechas entre niños y jóvenes de distinto origen socioeconómico son cuantiosos. Solo volver a los niveles previos a la pandemia será un desafío complejo. Ahora bien, en ese entonces la mejora en los desempeños que había observado el país llevaban un buen tiempo estancados. Por ello, se requiere pensar bien cómo se abordará la educación en los próximos años. En el intertanto, las distintas visiones se pueden dejar un poquito de lado para superar colectiva y cooperativamente el negativo impacto de la pandemia en educación.
El ministro Figueroa ha mostrado su compromiso con este propósito. Los tiempos apremian. En estas circunstancias, permitirle desplegar sus esfuerzos para concluir bien este año y preparar el próximo parece algo indispensable. La oposición puede anotarse un triunfo, pero de muy escaso, si algún, beneficio político. El costo para las comunidades educativas, en cambio, de enfrentar un nuevo retraso, inevitable en estos episodios, será enorme. Por eso, hoy debiera ser uno de esos momentos en los que la Cámara actúa con altura de miras y sin calculadora política. (El Mercurio Cartas)
Harald Beyer
