Junto al Gobierno y al Congreso, la clase política es mal calificada mientras que está a cargo de superar la crisis que vive el país. Sin embargo, se mantiene una agenda de proyectos poco trascendentes y no se cuenta con un consistente plan de acción cuando ya se empieza a sufrir las consecuencias económicas del prolongado desorden. Frente al desconcierto ciudadano, y las previsiones sobre futuras acciones de protesta, es imprescindible que los políticos acuerden constituir un gobierno de unidad nacional, con rostros diversos en lo político y valórico y con un programa de acción para atender el reclamo vigente y enfrentar la incertidumbre de los próximos dos o tres años.
La explosión de protestas que ha sorprendido a Chile ha sido la conjunción de varios estallidos simultáneos. Estos diferentes estallidos han constituido cadenas causales que se retroalimentan y confunden en las acciones de protesta, ameritando instrumentos diversos para poder abordarlos efectivamente.
El primer y más crucial estallido fue el de tipo social, derivado de la percepción de bajos ingresos, alto endeudamiento y situación desmedrada de los pensionados y los trabajadores menos calificados, cuyo ingreso es inapropiado para el nivel de desarrollo de Chile. Esto también comprende la protesta sobre insuficientes políticas públicas en pensiones, educación y salud.
Un segundo estallido se relaciona con la ética y las indignas prácticas que ha venido validando nuestra sociedad. La gente protestó por el abuso de muchas empresas y del propio Estado, y por la existencia de un tipo de justicia diferenciado, que hace que las grandes empresas paguen sus faltas con “cursos de ética”, mientras que al ciudadano común se le aplica todo el peso de la ley. Así, por ejemplo, millonarios perdonazos tributarios se contraponen a las drásticas acciones contra jubilados que no pueden pagar las contribuciones por sus casas.
Pero hay aún un tercer estallido que se confunde con los demás, y es el reclamo por los privilegios y alto costo para el país que ostenta la clase política, la que, como curiosa contrapartida, se mantiene en una aparente burbuja, lejos de los problemas que afligen a la gente y que han sido persistentemente señalados. Todo lo anterior se unió, además, a un cuarto estallido referido a la delincuencia, el narcotráfico y un brutal anarquismo, manifiesto en estos días aciagos y que continúa accionando para sembrar destrucción y caos.
Toda esta simultánea conjunción de cuatro estallidos: social, ético, político y delincuencial, se unió en la calle de modo no necesariamente articulado, y nos ha traído hasta este punto de desolación en que nos encontramos, y que pone a Chile frente a otro estadillo que se aproxima como secuela: el estallido económico. Ya vendrán nuevas protestas, también incentivadas precisamente por quienes auspiciaron la violencia y la destrucción, haciéndola pasar ahora por legítimo reclamo frente a lo que se postulará como resultado del modelo o del sistema, no necesariamente de tales acciones.
Un programa frente a estos cinco estallidos y sus efectos colaterales debiera enfocarse con eficacia en sus detonantes principales, y así anteponerse a la situación de nuevas protestas que seguramente se observarán en marzo.
El estallido social debe manejarse con más recursos y mejores políticas para elevar los ingresos del trabajo y las pensiones, quizás fortaleciendo mayor productividad laboral en el primer caso.
El estallido ético demanda corregir la torcida aplicación de justicia, para que todos paguen las consecuencias de sus actos. Los privilegios de la clase política deben enfrentarse con una profunda reforma, recortando verdaderamente los ingresos de los parlamentarios, reduciendo el número de los mismos, exigiendo una reforma al servicio público.
El estallido delictual debe enfrentarse con más y mejores policías, separando la protesta legítima y ciudadana de los actos terroristas y vandálicos. Pero, además, el país debe avanzar cambios estructurales altamente demandados, como la postergada reforma previsional y a las isapres y la reconstrucción de la educación pública, necesaria, entre otras cosas, para mejorar nuestras normas de convivencia.
Esta agenda para un gobierno de unidad nacional es el reto que los políticos de gobierno y oposición debieran estar discutiendo en estos días cruciales para Chile, para así no legar mayor frustración al futuro. (El Mercurio)
Prof. Luis A. Riveros
Académico de Número Instituto de Chile
