El cambio de gabinete anunciado por la Presidenta Bachelet es una decisión de enorme trascendencia. Representa el más dramático cambio ministerial desde la vuelta a la democracia en 1990. Es inédito en los cinco gobiernos previos post dictadura un cambio de todo el equipo político de La Moneda y la salida, por primera vez en forma involuntaria, del ministro de Hacienda.
El cambio no hace más que ratificar la profundidad de la crisis política en que nos encontramos y el impacto que esa crisis política ha tenido en la economía nacional. La solución propuesta por la Presidenta, al menos desde mi punto de vista, entrega una muy fuerte señal de estilo y de forma de cómo se harán las cosas de ahora en adelante, sin renunciar a las ideas fuerza de fondo de su programa. Enhorabuena.
El problema no estaba en que no se necesitaran 3 puntos del PIB adicionales en impuestos, o que no se requería una profunda reforma educacional que cambiara radicalmente la calidad de la educación que les entregamos a nuestros hijos, o que no se requieran cambios importantes en la Constitución Política de la República.
Nadie puede negar tampoco que la manera en que veníamos haciendo las cosas hasta el 2013 estaba soslayando una enorme frustración y ansiedad en la población. Si no fuera así, no podríamos explicar la paliza electoral que la Presidenta Bachelet le propinó a su contendora.
Los abusos, el endeudamiento de las familias por la educación, la concentración y malas prácticas competitivas en algunas industrias, el alto costo de la energía, el entrampamiento de los grandes proyectos de inversión, así como otros problemas propios de una economía y sociedad que se desarrolla rápido; no estaban siendo atendidos de manera adecuada. La demanda por mayor equidad y justicia estaba siendo ignorada.
No fueron los estudiantes quienes descubrieron estos problemas en 2011. Evidentemente que un sinnúmero de problemas se venían acumulando y la clase dirigente no pudo darles una conducción y canalización adecuada. Desde entonces se han develado además graves problemas de corrupción y probidad, y hemos venido haciendo la vista gorda a la importante función de financiar en forma abierta y transparente esa actividad de esencial relevancia en una democracia como es la política.
Lamentablemente, sin embargo, si bien en diagnósticos podemos tener varios puntos de encuentro, el equipo político y jefe económico de la entonces recién asumida Presidenta erraron el rumbo y no supieron encarnar desde el punto de vista técnico, ni tampoco en la forma de implementarlos, las ideas fuerza generales del programa. Tampoco pudieron tener la pericia para prever que el manejo oportunista inicial del caso Penta podía explotar en la cara.
La Presidenta no ha renunciado a su programa ni a su visión de cambio para el país, pero las formas elegidas entonces se agotaron. Sumieron al país en una crisis de confianza de enormes proporciones, por lo que se requería un golpe de timón. Y a la Presidenta no le tembló la mano para darlo.
Con el enorme dolor que todos hemos podido observar, la Mandataria realizó un significativo cambio hacia un nuevo estilo dialogante, una nueva búsqueda de los acuerdos, esa que el país necesita para retomar la senda hacia el desarrollo, hacia una mejor sociedad, con mejores oportunidades, con justicia y donde nadie se quede atrás por causa de la cuna en que nació.
Se inicia un cambio de formas, un refinamiento en los fondos y por ello se abre una oportunidad. Basta escuchar los dos primeros días al nuevo ministro del Interior, que no está para retroexcavadoras; al nuevo ministro de la Presidencia; al nuevo ministro de Hacienda, pidiendo tiempo para formarse una opinión en temas relevantes que se encuentran en el tapete. Una oportunidad para hacer una pausa y refinar el fondo de los proyectos en carpeta, otra para dejar de lado los ataques destemplados en política, otra para volver a relevar y respetar la institución presidencial y sentar así las bases de un nuevo reencuentro nacional.
