El país ha vivido un período de polarización, y una de las desafecciones que nos condujeron a ello fue la sensación de que el modelo económico había fallado en cerrar una brecha de dignidad en la provisión de ciertos bienes y servicios mínimos. Esto ha fragmentado la sociedad, con dos visiones de orden económico y social que aparentemente no pueden convivir entre sí. Para avanzar hacia la construcción de un país con un tejido social más robusto, es necesario creer en una opción que se haga cargo de dichas brechas, lo que afortunadamente es posible.

Tardíamente nos dimos cuenta de que, por una parte, una fracción de la sociedad podía acceder a una provisión digna de ciertos bienes y servicios —ya fuera en cobertura, calidad o trato recibido—, mientras una gran mayoría recibía una provisión indigna, en cualquiera de estos tres ámbitos, entregada por el Estado. Se hacía cada vez más evidente la asimetría entre lo privado —exclusivo, caro, pero bueno— y lo público —masivo, gratuito, pero que no cumplía en dignidad.

Para algunos esto era resultado de una falla de “exceso de Estado”: lo público había sido incapaz, pese a haber visto incrementada su disponibilidad de recursos financieros, de mejorar su gestión, de modernizarse, de poner al ciudadano al centro y seguía siendo un ente capturado por grupos de poder. Luego, había que avanzar en despolitizar la entrega de servicios sociales, ampliando la competencia en provisión y libertad en la elección, dando más espacio a lo privado.

Para otros, esto era producto de una falla de “exceso de mercado”: el diseño “neoliberal” había permitido que el sector privado pasara a proveer servicios públicos —el saneamiento de aguas servidas, la administración de ahorros previsionales o la construcción de carreteras—, tareas que siempre había realizado el Estado. Y en este proceso se había abandonado a su suerte a quienes por sus propios medios no podían acceder ellos, por lo que había que avanzar hacia una desprivatización, bajo la consigna de “público, gratuito y de calidad”.

Pero, ¿existe acaso una tercera opción, donde pueda convivir la provisión pública y privada al tiempo que se garantice una provisión de servicios que sea para todos, digna en calidad, trato y cobertura? La respuesta es sí, más cerca de lo que pensamos. Una herramienta eficiente y eficaz ha sido cuando el Estado cumple un rol activo empresarial, pero subsidiario al mismo tiempo, como es el caso de BancoEstado.

Parece contradictorio, pero no lo es. Una empresa estatal que tiene claro su rol ha logrado entregar servicios a millones de familias y empresas y está en proceso de llegar a tener presencia en las 346 comunas de Chile. Ha logrado que los servicios bancarios sean para todos. Al mismo tiempo, estos son de calidad: es el banco más digital de Chile —11 millones de clientes digitales—, creó una red de pagos para pequeños comercios, permitió las compras internacionales con cuentas vistas, integró su App para el pago QR del transporte público y así un largo etcétera que se traduce en soluciones diarias para millones, cerrando esa brecha de dignidad entre la provisión pública y privada.

Al mismo tiempo, lo hace cuidando el rol subsidiario: sin ningún subsidio estatal, compite bajo las mismas reglas que el sector privado, no interfiere en su desarrollo y es cuidadoso de utilizar su capital en aquellos segmentos donde es más necesario. Eso permite que exista un vibrante mercado bancario privado, que compite y coexiste con él.

Esta tercera opción no polariza. Centra. No excluye. Une y complementa. Y logra un objetivo común; que toda la población pueda acceder a ciertos mínimos que tiendan a ser cada vez más altos, en términos de calidad, dignidad y cobertura. Tal vez es un ejemplo que en los próximos meses valga la pena mirar con más detención. (El Mercurio)

Ricardo de Tezanos Pinto
Presidente BancoEstado
Pablo Correa
Vicepresidente BancoEstado