El proyecto de ley que pretende reformar a las instituciones de la educación superior en Chile casi consigue lo imposible: dejar descontentos a prácticamente todas las partes involucradas. El proyecto en actual trámite legal tiene su origen en los movimientos estudiantiles de comienzo de la década. Sus objetivos y principios, para no decir slogans, fueron recogidos por la Nueva Mayoría y ahora por el Frente Amplio.
Hacia fines de los años 1970 el número de estudiantes en el nivel terciario en Chile era bajo, alrededor del 12 por ciento de los alumnos en la edad correspondiente. Y unos pocos privilegiados, provenientes de hogares pudientes, captaban las rentas generadas por estudios superiores financiados por toda la población.
En 1981 -coherentemente con el deseo de lograr mayor eficiencia, diversidad y libertad para escoger- se institucionalizó un mercado educacional terciario. Considerando que en general los beneficios de este tipo de educación son internalizados por sus egresados, se autorizó la libre fijación de matrículas y aranceles y se generó -para universalizar el acceso a la educación superior- un sistema de créditos que se ha ido perfeccionando.
Los resultados de esa reforma -a pesar de que aspectos de ella se deben mejorar- explican en buena parte el notable cambio social en el país. El número de estudiantes en educación terciaria bordea ahora el 60 por ciento de las personas en la edad correspondiente. Un alto porcentaje de ellos proviene de hogares de ingresos medios e incluso bajos. Además, el número de universidades chilenas clasificadas entre las mejores de América Latina es hoy desproporcionadamente alto en relación al tamaño del país.
Estos indicadores se obtuvieron porque el sistema es competitivo y porque se aplicaron ingentes recursos, en buena parte financiados por créditos por los propios educados.
Es cierto que por falta de experiencia muchos optaron por seguir carreras en que sus ingresos actuales no les permiten devolver, en los términos anticipados, los créditos educativos en que incurrieron. El descontento correspondiente fue hábilmente aprovechado para conseguir apoyo político por aquellos que -ignorando la evidencia histórica- desean volver a un sistema de educación superior ineficiente, centralmente manejado, e injustamente sin cargo. La dura realidad presupuestaria no le permite al país poder ofrecer gratuidad sin comprometer gravemente los niveles de calidad de la educación superior o descuidar otros usos prioritarios. De facto, la plena vigencia de la gratuidad ni siquiera se vislumbra, y tampoco se podrán condonar las deudas del CAE. Es más, el intento de disminuir la autonomía universitaria ha encontrado, justificadamente, una gran resistencia. El proyecto resultante de los mencionados objetivos y restricciones -que trata de satisfacer a todos en parte- es un engendro que no deja contento a nadie. (La Tercera)
Rolf Lüders
