No debe haber un paso más importante que se haya dado en el país que el Informe de la Comisión para la Paz y Entendimiento, entregado al Presidente de la República el 6 de mayo último, desde que la propuesta de Convención Constitucional fuera rechazada por el electorado en septiembre de 2022 -que de haberse aprobado nos tendría sumidos en un país muy distinto al que hemos habitado por décadas después de la recuperación de la democracia en 1990, y que seguimos habitando pese ese intento refundacional-.
Y es que el “notable acuerdo” -fue el título de la columna de Carlos Peña en la que se refirió al Informe- reúne las condiciones suficientes para considerarlo un paso trascendental hacia el desescalamiento del que es quizás el problema más grave que intimida actualmente a los chilenos, además de la inseguridad ciudadana, y que solo amenaza con empeorar si la encomiable tarea de la Comisión fuera desechada sin más.
El aludido rechazo de la propuesta constitucional, hace poco más de dos años y medio, no significó otra cosa que la continuidad de la Constitución que nos regía hasta entonces, y que por decisión de la mayoría ciudadana nos sigue rigiendo hasta ahora mismo. El tiempo que ha pasado desde septiembre de 2022 ha demostrado que la “constitución tramposa” -como la denominó alguna vez Fernando Atria- continúa amparando sin dificultades el funcionamiento normal de sus instituciones, y que los problemas que aquejan al país -la falta de crecimiento y la inseguridad rampante- no se deben a carencias o defectos constitucionales ni mucho menos, como se quiso hacer creer a los ciudadanos, sino que son resultado de yerros políticos de gran envergadura cometidos por el sistema político, uno tras otro, a lo largo de un poco más de una década.
En otras palabras, el rechazo -no solo de una sino que de dos propuestas constitucionales- no ha provocado ni un caos institucional ni ha sido causa de los acuciantes problemas que afligen al país. Rechazarlas no los produjo ni los agravó. Tampoco se generó ni de cerca una crisis institucional como algunos temieron.
En cambio, la continuidad de la situación actual en la Araucanía, que se derivaría de la inacción respecto a las materias que aborda el referido Informe, cuando no de un rechazo frontal a la propuesta, implicaría un paulatino agravamiento del conflicto que aflige a esa zona del país, sin que se disponga de otras alternativas para darle un cauce político con miras a enfrentarlo institucionalmente.
En este caso, al contrario de lo sucedido con el rechazo de las propuestas constitucionales, la impugnación del Informe de la Comisión implicaría la continuidad de un conflicto cuyo control se viene tornando derechamente inabordable para el estado chileno. Optar por la continuidad de la situación actual implicaría, en los hechos, la prolongación del desacuerdo histórico que solo se agrava a medida que pasa el tiempo, sin opciones a la vista para aplacar el terrorismo que damnifica severamente una zona considerable del territorio.
La mayoría de las observaciones y críticas que el Informe ha suscitado no debieran ser óbice para dar continuidad al trabajo serio y riguroso de la Comisión. La mayoría de sus propuestas, algunas de las cuales requieren modificar la Constitución, deberán ser sometidas a la consideración del Parlamento. Su amplitud y complejidad demandará un trabajo laborioso que tomará tiempo y el talento de los mejores expertos. Y también, cómo no, de voluntades políticas que deberán principiar por aquilatar lo que está en juego y valorar el paso indispensable que se ha dado en este tiempo.
Se dirá que falta esto o que sobra lo otro, que alguna propuesta particular no cumple el objetivo que se busca, que hay otra que puede ser mejor. En buena hora. Lo cierto es que el Informe de la Comisión para Paz y Entendimiento nos ha provisto de una base valiosa, informada y largamente deliberada entre sus integrantes, para sostener democráticamente esa discusión. Ni por un momento perdamos de vista el enorme paso que se ha dado respecto de un conflicto que merece la mejor disposición de cada uno de nosotros. (El Líbero)
Claudio Hohmann
