Hace algunos años, una tasa de desocupación de 9,6% hubiera sido causa de crisis varias, reuniones urgentes, proposiciones de políticas, llamados a la generosidad, etcétera. Hoy, lo anterior se hace como en sordina, con expectativas modestas.

Debemos recalcar lo de las expectativas; no ha existido tanta ocupación, porque la preocupación se basaba en un escenario peor, de una tasa de desempleo que superara el 10%. Pero, igual que antes, apoyar a 100.000 nuevos empleos no es suficiente, porque son la décima parte de los sin trabajo.

Ante políticas con respuestas lentas y poco tonelaje, reiteramos que la tasa promedio no muestra en su real dimensión el verdadero drama de la desocupación. Y que los subsidios perfectos no existen.

El relato se oscurece si observamos las brechas por género y edad. Sabemos que las mujeres tienen una mayor desocupación ampliada (SU3, que es la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial), por una mayor proporción disponibles para trabajar, pero que no lo buscan activamente, en general por labores de cuidado y otras tareas culturalmente condicionadas. Las mujeres tienen una SU3 que muestra que una de cada cinco no tiene el empleo deseado; y en las jóvenes el dato es demoledor: una de cada tres. El tiempo de cesantía, las dificultades para los adultos mayores, etcétera, plantean un cuadro muy complejo.

Este y otros temas requieren acciones rápidas, con decisión para darles prioridad, y con recursos. Si la prioridad absoluta es una política fiscal muy ajustada, hay poco que hacer, y es preferible bajar las expectativas de una reactivación pronta. Los programas basados en mejoras de gestión, en elevar los estándares de conducta, en cambios al interior del presupuesto público, no tendrán impactos importantes.

Esos cambios se producirán si la actividad productiva sale del estancamiento, considerando un entorno productivo, comercial y tecnológico muy desafiante. Hacia allí deberían orientarse las políticas. (El Mercurio Cartas)

Hugo Lavados M.

Exministro de Economía

Profesor Centro de Políticas Públicas, Facultad de Economía, Negocios y Gobierno, U. San Sebastián