El Gobierno británico se está planteando la deportación de migrantes en situación ilegal a Macedonia del Norte, según reveló el diario The Times este viernes. Las autoridades han iniciado conversaciones formales con el país balcánico para abrir un centro de retorno de indocumentados.
Como parte del plan, el Reino Unido pagaría una suma indeterminada por cada migrante que acepte Macedonia del Norte. Además, ofrecería garantías de seguridad para ayudar al país a combatir la amenaza rusa.
MEDIDA DISUASORIA Y ASILO
El objetivo del primer ministro británico, Keir Starmer, es disuadir a los migrantes de cruzar el Canal de la Mancha. Cerca de 39.292 personas cruzaron este año en pequeñas embarcaciones, un alza del 17% respecto al año anterior.
Macedonia del Norte y el Reino Unido iniciaron los contactos a principios de otoño boreal. Los migrantes deportados tendrían la oportunidad de solicitar asilo en Macedonia del Norte.
Según el plan, los migrantes no serían detenidos ni se les restringiría su movimiento. Esto les daría la libertad de salir de ese país si así lo desean, según pudo saber The Times.
Además, se les animaría a obtener visados en aquel país para trabajar en sectores con necesidad de mano de obra, como la construcción. Kosovo también está en conversaciones con el Reino Unido para abrir un centro similar.
DISTANCIA DEL PLAN RUANDA
Abrir un centro en un tercer país permitiría al Reino Unido expulsar a migrantes de países inestables, como Afganistán o Eritrea, a los que es imposible devolverlos. Kosovo ya ha acordado acoger a migrantes en situación ilegal procedentes de Estados Unidos.
Starmer ha rechazado las comparaciones de estos centros con el programa de Ruanda del anterior Gobierno conservador. El laborismo descartó el plan Ruanda cuando llegó al poder en julio de 2024.
El plan de Ruanda fue diseñado para deportar a los migrantes a los pocos días de su llegada. En ese plan, no se consideraban sus solicitudes de asilo ni otras vías legales.
Para controlar la inmigración, el Gobierno presentó un proyecto de ley en noviembre. Este limitará el acceso a la residencia legal de los refugiados, endurecerá la reunificación familiar y acelerará las deportaciones de indocumentados. (NP-Gemini-Emol EFE)
