El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el diputado Eduardo Cretton rechazaron las acusaciones de “iliberalismo” formuladas contra el presidente José Antonio Kast a raíz de la reforma constitucional en materia de seguridad presentada por el Gobierno.
La iniciativa ingresada la semana pasada contempla, entre otras medidas, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que podría extenderse hasta por 240 días mediante una decisión presidencial y sin requerir durante ese período una consulta al Congreso.
La propuesta ha generado cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores del propio oficialismo. Entre quienes han manifestado reparos se encuentra el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien sostuvo que algunos aspectos del proyecto “rayan en lo iliberal”.
Ramírez y Cretton reconocieron que existen disposiciones de la iniciativa que deberían ser modificadas durante su tramitación. Sin embargo, descartaron que el proyecto represente una amenaza para la institucionalidad democrática del país.
Los dirigentes de la UDI dirigieron sus principales críticas al Frente Amplio y al Partido Comunista, cuyos representantes han cuestionado el alcance de las nuevas facultades propuestas por el Ejecutivo. Los parlamentarios acusaron de inconsecuencia a esas colectividades y recurrieron al anterior proceso constitucional para responder a los cuestionamientos.
Según Ramírez y Cretton, la propuesta constitucional respaldada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric buscaba realizar transformaciones profundas en la institucionalidad chilena. Los legisladores gremialistas calificaron aquel proyecto como maximalista, refundacional e ideologizado y recordaron que finalmente fue rechazado por la ciudadanía.
Los parlamentarios también cuestionaron que sectores de izquierda, a su juicio, no hayan realizado una autocrítica suficiente respecto de las posiciones adoptadas durante el proceso constitucional y frente a distintos episodios relacionados con el orden público.
En ese contexto, mencionaron las propuestas de transformación de Carabineros planteadas durante años anteriores, las posiciones asumidas frente a personas condenadas por delitos cometidos durante el estallido social y las críticas que algunos dirigentes realizaron a decisiones adoptadas por los tribunales.
Ramírez y Cretton sostuvieron que esos antecedentes deberían ser considerados por quienes actualmente califican de iliberal la reforma impulsada por la administración de Kast. Según afirmaron, el propósito del proyecto es entregar al Estado mayores capacidades para enfrentar la crisis de seguridad y el avance del crimen organizado.
Los representantes de la UDI también cuestionaron las motivaciones de la oposición para criticar la iniciativa. A su juicio, detrás de las advertencias sobre un eventual debilitamiento democrático existiría principalmente una diferencia política respecto de las medidas de seguridad promovidas por el actual Gobierno.
En particular, señalaron que sectores como el Frente Amplio y el Partido Comunista han mantenido diferencias con iniciativas destinadas a fortalecer las atribuciones de Carabineros, ampliar las herramientas contra el crimen organizado y establecer regímenes penitenciarios más estrictos.
Pese a la defensa realizada por la UDI, Ramírez y Cretton mantuvieron su disposición a introducir cambios en determinados aspectos de la reforma. El debate legislativo deberá abordar especialmente el alcance de las atribuciones presidenciales, los mecanismos de control institucional y la duración del nuevo estado de excepción propuesto por el Ejecutivo. (NP-ChatGPT-Emol)