La bancada de diputados de la UDI presentó este sábado la denominada “Agenda Mártires de Chile”, un conjunto de iniciativas legislativas orientadas a establecer un régimen especial de protección para las familias de funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) que pierdan la vida durante procedimientos policiales.

Los parlamentarios señalaron que la propuesta responde al incremento de los hechos de violencia que afectan a las policías y a la necesidad de complementar los beneficios previsionales existentes con un sistema de apoyo permanente para los familiares de los funcionarios fallecidos en cumplimiento de su deber.

Entre las principales medidas figura una modificación al sistema previsional para que la pensión de montepío sea calculada sobre el grado que el funcionario habría alcanzado al término de su carrera. Asimismo, se plantea eliminar restricciones para acceder a este beneficio y homologar las pensiones entre los distintos beneficiarios.

En el ámbito educacional, la iniciativa contempla el financiamiento estatal del 100% de los estudios de los hijos de los funcionarios fallecidos, desde la educación parvularia hasta la obtención de un título técnico o profesional, sin considerar la situación socioeconómica de la familia. El proyecto también incorpora becas para estudios de postgrado, aportes para útiles escolares, uniformes y transporte, además de acceso preferente a establecimientos educacionales de alta exigencia académica.

La propuesta además busca incrementar el seguro de vida de los funcionarios hasta las 10.000 UF y crear un anticipo equivalente al 10% de ese monto, el que sería entregado dentro de las 48 horas siguientes al fallecimiento para cubrir los gastos inmediatos que enfrentan las familias.

En materia habitacional, los diputados plantean que el Estado financie la adquisición de una vivienda de hasta 4.500 UF para las familias que no cuenten con una propiedad, además de condonar los saldos de créditos hipotecarios vigentes y otorgar una exención permanente del pago de contribuciones.

El paquete legislativo también considera apoyo psicológico y acompañamiento psicosocial sin límite de tiempo para cónyuges, convivientes civiles, hijos, padres y hermanos que dependan del funcionario fallecido. A ello se suman programas de reinserción laboral, un subsidio de empleabilidad para los hijos y la asignación de un abogado financiado por el Estado para representar a las familias en las acciones judiciales derivadas del hecho. (NP-ChatGPT-La Tercera)