Diputados de la UDI solicitaron a la Cancillería llamar a consultas al embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau, luego de que Héctor Llaitul, exlíder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), recibiera una medalla entregada en Francia por el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas.
La petición fue formulada por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y los diputados Cristóbal Martínez y Eduardo Cretton. Los dos primeros integran la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, mientras Cretton representa a la Región de La Araucanía.
La controversia surgió después de que Rodrigo Arenas entregara en París una medalla vinculada a la Asamblea Nacional francesa como reconocimiento a Llaitul. La distinción fue recibida por un hijo del exdirigente de la CAM, quien actualmente se encuentra privado de libertad en Chile.
Llaitul cumple una condena de 23 años de cárcel luego de ser declarado culpable en Chile por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado y otros ilícitos.
Los parlamentarios de la UDI calificaron la entrega de la distinción como “absolutamente inaceptable” y solicitaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores manifieste formalmente su posición ante las autoridades francesas.
“Creemos que la Cancillería debe expresar formalmente su molestia y llamar a consultas al embajador francés”, señalaron Ramírez, Martínez y Cretton.
Los diputados también cuestionaron que el reconocimiento pueda ser interpretado como un respaldo a la tesis de que Llaitul habría sido objeto de persecución política. Durante la ceremonia realizada en Francia, uno de los hijos del exlíder de la CAM sostuvo que la condena contra su padre responde a razones políticas, afirmación que corresponde a su posición y no modifica la naturaleza de las sentencias dictadas por los tribunales chilenos.
Los legisladores de la UDI pidieron además que una eventual convocatoria del embajador francés incluya la situación de Ricardo Palma Salamanca, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Palma Salamanca fue condenado por la justicia chilena por su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, cometido en 1991. Después de permanecer prófugo, se estableció en Francia, país que le concedió asilo en 2018. Posteriormente, la justicia francesa rechazó su extradición a Chile.
Los parlamentarios sostuvieron que la situación constituye una materia pendiente en las relaciones entre ambos países y cuestionaron la protección concedida por Francia al exintegrante del FPMR.
La solicitud de la UDI constituye un planteamiento dirigido al Ejecutivo. Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, determinar las eventuales gestiones diplomáticas que adopte ante Francia a raíz de la controversia. (NP-ChatGPT-Bio Bio)
