La ofensiva, que cuenta con el respaldo de la bancada gremialista, apunta a las falencias que, a juicio de la UDI, posee actualmente el Servicio Nacional de Menores (Sename). Esto -se lee en las 50 páginas del escrito- tomando en cuenta la muerte de Lissette Villa, niña que falleció el 11 de abril “producto de una sobredosis de medicamentos en el Centro de Reparación Galvarino”, dependiente de dicha institución.

Frente a esto, la denuncia  acusa que el Estado ha cometido diversas infracciones a los artículos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue aprobada como tratado internacional, y entró en vigencia en Chile en 1990.

“El Estado de Chile no otorga la protección indispensable a los niños vulnerados en sus derechos y privados de su medio familiar que se encuentran en centros residenciales de administración directa del Sename ni de administración privada”, dice el documento.

Junto con esto el texto aborda las deficiencias en los centros. “Las condiciones de infraestructura y equipamiento de los centros a nivel nacional se encuentran en un estado crítico, lo que no favorece una atención residencial bajo los estándares de calidad de vida establecidos por Sename”, se indica, citando una exposición que realizó la Asociación de Funcionarios Regionales del Sename ante el Senado.

En esa línea, acogiendo una intervención de la Asociación Nacional de Trabajadores de dicha institución, la denuncia apunta también a la “sobrepoblación” que poseen dichos establecimientos. “Actualmente se encuentran sobre demandados en su capacidad, especialmente en los centros de la Región Metropolitana”, continúa.

Y agrega: “Frente al alto número de casos que deben atender tanto las duplas psicosociales como los educadores de trato directo, se ha imposibilitado un proceso terapéutico y de reinserción familiar de calidad, puesto que los estándares de atención sobrepasan con creces lo establecido en las bases técnicas”.

En la misma línea se abordan situaciones de maltrato de viven los niños al interior de los propios centros señalando que uno de cada cinco sumarios administrativos de la institución son relativos a estos hechos. Además, se alude a la necesidad de contar con personal médico especializado tomando en cuenta los casos de residentes con problemas psiquiátricos y de consumo de drogas.