Parlamentarios de la UDI cuestionaron la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley de Escuelas Protegidas, advirtiendo que la resolución podría generar consecuencias negativas para la convivencia al interior de los establecimientos educacionales.
Los diputados Sergio Bobadilla, Ricardo Neumann y Eduardo Cretton señalaron que respetan el fallo del organismo, aunque manifestaron diferencias con su contenido, especialmente por la eliminación de la norma que establecía restricciones para acceder a la gratuidad en educación superior a estudiantes condenados por delitos graves contra la vida o la integridad física.
Desde la bancada gremialista indicaron que continúan evaluando la posibilidad de presentar una reforma constitucional que permita reponer una medida de estas características.
CUESTIONAMIENTOS A LA OPOSICIÓN TRAS RESOLUCIÓN DEL TC
Los legisladores dirigieron sus críticas hacia los sectores de oposición que recurrieron al Tribunal Constitucional y los llamaron a asumir las consecuencias que, a su juicio, podría generar la eliminación de estas disposiciones.
Los parlamentarios vincularon la discusión con los recientes hechos de violencia ocurridos en el Instituto Nacional José Miguel Carrera, donde se registraron incidentes protagonizados por encapuchados y personas con overoles blancos que portaban elementos incendiarios.
Bobadilla, Neumann y Cretton afirmaron que reducir las herramientas destinadas a enfrentar hechos violentos en establecimientos educacionales perjudica principalmente a los estudiantes y comunidades escolares que buscan desarrollar sus actividades en ambientes seguros.
DEBATE POR SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Los diputados gremialistas sostuvieron que resulta contradictorio que sectores que anteriormente cuestionaron el rol del TC hayan recurrido al organismo para impugnar normas de la iniciativa.
Asimismo, defendieron que el objetivo de Escuelas Protegidas era fortalecer las medidas contra la violencia escolar y contribuir a recuperar los recintos educativos como espacios de aprendizaje y seguridad.
Desde la UDI insistieron en que, pese a reconocer la legitimidad del fallo, la resolución entrega una señal equivocada frente a los hechos de violencia registrados en algunos establecimientos del país.
La discusión continuará en el Congreso, donde los parlamentarios evalúan nuevas acciones legislativas para abordar las medidas de seguridad y convivencia escolar. (NP-ChatGPT-Emol)