La comisión revisora de la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, pudo desarrollar su segundo encuentro a pesar de algunos problemas técnicos. En la sesión expusieron los constitucionalistas Francisco Zúñiga y Javier Couso, quienes manifestaron una posición jurídica crítica hacia los reproches contra el magistrado.
Sin embargo, la novedad política reside en el apoyo que podría sumar la ofensiva parlamentaria. Si bien la acusación fue impulsada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, en el marco de una ofensiva contra las redes del abogado Luis Hermosilla en el Poder Judicial, la bancada de la UDI ha manifestado mayoritariamente su intención de aprobar el libelo.
ACUSACIÓN POR NOTABLE ABANDONO DE DEBERES
El texto de la acusación contra Simpertigue se fundamenta en la causal de «notable abandono de deberes». Esto ocurre luego de que el Pleno de la Corte Suprema abriera un sumario el 14 de noviembre por la relación que el juez acusado mantenía con Eduardo Lagos, uno de los imputados en el caso que investiga presuntas coimas para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec. La presión en el caso llevó al magistrado a solicitar vacaciones.
El libelo de 52 páginas consta de tres capítulos acusatorios:
EL PRIMERO ACUSA FALTA NOTABLE AL DEBER DE PROBIDAD, ABSTENCIÓN E IMPARCIALIDAD EN EL LITIGIO ENTRE CODELCO Y BELAZ MOVITEC.
EL SEGUNDO PLANTEA LA RESPONSABILIDAD POR CONFLICTOS DE INTERÉS EN NOMBRAMIENTOS NOTARIALES.
EL TERCERO RESPONSABILIZA AL JUEZ POR INFRINGIR NOTABLEMENTE EL DEBER DE ABSTENCIÓN, IMPARCIALIDAD Y PROBIDAD EN EL CASO FUNDAMENTA.
EL CRUCE DE ALIANZAS POLÍTICAS
El jefe de los diputados UDI, Henry Leal, señaló que aunque no han tomado una decisión formal, la mayoría de la bancada tiene «voluntad de aprobar la acusación». Leal argumentó que lo que está ocurriendo en la Corte Suprema es un tema «generalizado y extendido y hay que dar señales claras».
El diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), miembro de la comisión revisora, fue más explícito: «A priori, por lo menos, en lo personal y como postura que estoy tratando de llevar también a mi bancada, es que habría situaciones por las que es plausible apoyar esta acusación». Sulantay indicó que el deber de «prescindencia no se respetó» y que está comprobada la relación del ministro con abogados involucrados, siendo clave el no haberse inhabilitado.
La acusación fue patrocinada inicialmente por diputados del Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio y Acción Humanista. (NP-Gemini-La Tercera)
