La Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH) puso término al contrato laboral del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, en una decisión que la institución vinculó tanto a su complejo escenario financiero como al impacto público generado por la controversia sobre el ingreso de ciudadanos haitianos bajo la modalidad de reunificación familiar.

La desvinculación fue comunicada mediante una carta fechada el 19 de junio y firmada por la Dirección de Gestión de Personas de la universidad. El documento señala que la medida se adoptó bajo la causal de “necesidades de la empresa”, contemplada en el Código del Trabajo.

Según la institución, entre 2022 y 2024 acumuló pérdidas superiores a los $7.500 millones, registró una disminución significativa en su matrícula y debió implementar un proceso de reducción de personal y reestructuración interna. En ese contexto, la universidad indicó que el cargo de académico investigador que ocupaba Thayer será eliminado y sus funciones serán asumidas por otros integrantes de la unidad académica.

No obstante, la carta también hace referencia a la reciente exposición pública del exdirector de Migraciones a raíz de la polémica por las reunificaciones familiares de ciudadanos haitianos. En particular, menciona una entrevista concedida por Thayer a un canal de televisión el 16 de junio, en la que fue identificado tanto por su calidad de académico de la UCSH como por su anterior cargo en el Servicio Nacional de Migraciones.

La universidad sostuvo que esa situación generó cuestionamientos hacia la institución y hacia la Iglesia Católica en redes sociales, al no existir una diferenciación suficientemente clara entre sus opiniones personales y su vínculo académico con la casa de estudios.

De acuerdo con el documento, aquello habría afectado el prestigio institucional y vulnerado disposiciones contenidas en el reglamento interno de los académicos, relacionadas con la protección de la imagen de la universidad y la adecuada separación entre actuaciones personales y funciones institucionales.

La decisión se produce mientras continúa la controversia derivada del informe final de la Contraloría General de la República sobre los procesos de reunificación familiar de ciudadanos haitianos. El organismo fiscalizador concluyó que durante la gestión de Thayer en el Servicio Nacional de Migraciones se aplicaron excepciones a requisitos legales mediante un memorándum interno, actuación que calificó como una vulneración del ordenamiento jurídico y que dio origen a procedimientos disciplinarios para establecer eventuales responsabilidades administrativas.

En los últimos días, Thayer ha defendido públicamente la legalidad de las decisiones adoptadas durante su administración y ha sostenido que existe certeza respecto de que los menores ingresados al país fueron entregados por la PDI a sus padres, madres o tutores legales. Sin embargo, el debate político e institucional en torno al caso continúa abierto. (NP-ChatGPT-El Mostrador)