“Buscad y encontraréis”. Ese el el lema de la Universidad La República (Ulare) y el que los altos ejecutivos de esa casa de estudios están siguiendo a pie firme en un conflicto con el Ministerio de Educación que está recién comenzando. La institución, históricamente asociada a la masonería y al Partido Radical (PR), busca a toda costa evitar el cierre. Esto luego de que el 30 de marzo de 2021, la Superintendencia de Educación Superior recomendó revocar su reconocimiento oficial y personalidad jurídica al detectar graves falencias en su operación.
El pasado 19 de abril, la Universidad La República presentó un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago. En su escrito de 44 páginas, la institución realizó duros cuestionamientos al regulador y acusó al Ministerio de Educación de actuar bajo “ensañamiento por cerrar prontamente la universidad”. Pero partió mal. El viernes de la semana pasada, el tribunal rechazó la Orden de la Orden de No Innovar que presentó la Ulare en su reclamación. En su arremetida judicial, la universidad intentó frenar el proceso abierto por la superintendencia, hasta que el caso contara con sentencia definitiva.
En su escrito, la Ulare develó que aspira a que “la Tesorería nos otorgue el mismo trato que ha concedido a empresas como Johnson’s Clothes, a la que se le condonó deuda tributaria por más de US$120 millones como hizo lo propio con otra gran cantidad de grandes empresas, o nos den el trato que le dieron a la cadena de Casinos Enjoy al prolongar por decreto una garantía que vencía en febrero de este año y la Contraloría lo cursó por fuerza mayor o lo que los tribunales hicieron a favor de Julio Ponce Lerou al rebajar una multa en más de cincuenta millones de dólares, o nos benefician como al Banco de Chile al que el Estado le otorgó 40 años para que pudiera pagar la denominada deuda subordinada, que evitó su quiebra el año 1982, y que pagó en 17 años por las cuantiosas utilidades que ese banco ha tenido”.
En paralelo, la plana mayor de la universidad destinó esfuerzos para presionar vía el Congreso. Ese lobby rindió frutos el 14 de abril, cuando en la hora de incidentes en plena sala del Senado un grupo de parlamentarios -entre ellos José Miguel Insulza (PS) y Alejandro Navarro (PRO)- lanzaron una férrea defensa de la casa de estudios en medio de la crisis. El parlamentario del Biobío sostuvo que “la Universidad La República ha garantizado, pluralismo, laico, compromiso y calidad”. De hecho, ambos senadores firmaron un proyecto de acuerdo que luego fue aprobado dos días después por la sala del Senado en el que se pide que una vez que se logre “erradicar la pandemia del Coronavirus Covid 19, evaluar la situación de la casa de estudios y determinar si está en condiciones de continuar prestando sus servicios, ya que nunca han existido reparos a su calidad académica y al cumplimiento de la prestación de sus servicios educacionales”.
No obstante, ninguno de los 23 senadores que firmó el proyecto de acuerdo -entre ellos Alejandro Guillier y José Durana- develó en sus alocuciones que la Universidad La República nunca ha contado con una acreditación que certifique la calidad de las carreras que imparte hace 33 años. Si hoy se enfrenta a la Superintendencia de Educación Superior, es muy probable que próximamente -si logra zafar del proceso de revocación de su personalidad jurídica- se lance en su contra la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Esta última, bajo la actual legislación, debe decidir si aprueba o rechaza su postulación, decisión que resultará clave para su continuidad.
Sin embargo, hoy la última palabra fuera de tribunales la tiene el Consejo Nacional de Educación y hoy se espera siga evaluando los antecedentes expuestos por el regulador. Su decisión no cuenta con un plazo definido y una vez que haya concluido el análisis, citará sesión extraordinaria para tomar una decisión.
En la reclamación que presentó ante la Corte de Apelaciones, la Ulare calificó como “absolutamente inefectivo” el que arrastrara pasivos por $13.919.000.000, como lo sostuvo la Resolución N°165/2021 de marzo de la Superintendencia de Educación Superior, la cual rechazó el plan de recuperación presentado por la universidad y propuso al Mineduc la revocación del reconocimiento oficial de dicha casa de estudios. Sin embargo, posteriormente sostuvo que “las deudas del período anterior al mes de mayo del año 2016 no pueden ser objeto de sanción y, por ende, tampoco pueden ser invocadas por la superintendencia para tratar de justificar el rechazo al plan de recuperación de la universidad”.
Por otro lado, explicó que “es la única universidad atípica en varias materias pues como no tiene dueños, y no es controlada por sociedades anónimas o inversionistas individuales, nunca va a estar a la venta para interesar a fondos de inversión chilenos o extranjeros que han comprado varias universidades de nuestro país como si fueran mercancía, y han burlado la esencia de estas corporaciones que es la de no lucrar”.
Lo paradójico es que el lunes de esta semana, ante la Comisión de Educación del Senado, el rector Fernando Lagos (PPD) develó los planes de los directivos de la Universidad La República de integrar a un socio inversionista. “Se ha realizado una reforma estatutaria que permita el ingreso de un socio inversionista o un socio controlador como lo regula la ley 21.091. Hecho esencial y relevante llevado a cabo en enero de este año. Se ha definido una propuesta de modelo de sede tipo que permite homogeneizar el organigrama de las sedes desplegadas a nivel nacional, racionalizando no solo los recursos financieros, sino que también los humanos. Hemos hecho una propuesta de reducción de remuneraciones de los cuerpos directivos de la universidad”, sostuvo el rector.
En la misma instancia, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, explicó que “si es que hoy no se procede con este proceso que puede desembocar en el cierre de la institución, en el día de mañana con seguridad se va a echar en cara a estas autoridades y en particular al superintendente, no haberse anticipado a esta situación”. “Evidentemente esto repercutirá más en los estudiantes que hoy están siendo afectados”.
En su batalla legal contra la Superintendencia de Educación Superior, la casa de estudios es representada por Leandro Carvallo Rodó (76), un histórico militante del Partido Radical (PR), masón y quien renunció a la presidencia de la Junta Directiva de la universidad el pasado 12 de abril en medio de la profunda crisis que mantiene en vilo a 3.969 jóvenes, los cuales aún no saben si continuarán sus estudios.
Ese día no sólo renunció el presidente y el vicepresidente, Carlos Urzúa Striker. También lo hicieron otros miembros del directorio: Jorge Humberto Quiroz, Fernando Cortez Campos, Osvaldo Correa Sepúlveda y Werner Diesel Fuentes, socio de ALR Abogados.
Cuatro días después, el 16 de abril, la Asamblea Especial de Socios de la Universidad La República -vía telemática- escogió una nueva mesa directiva. Como presidente quedó Sergio Moras Opazo (59) y vicepresidente, José Urbano Peralta (68). Macarena Carvallo Silva (47), exsubsecretaria del gobierno de Ricardo Lagos, masona e hija del expresidente de la casa de estudios fue una de las escogidas para integrar el directorio, al que también se incorporaron Eduardo Marfull Salazar (60); y Felipe Guerra Pérez (38), abogado, militante del Partido Radical y exseremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y volvió a entrar Osvaldo Correa Sepúlveda (46), quien fue secretario general del PR y generalísimo de la campaña presidencial de Alejandro Guillier en 2017.
Ninguno de estos antecedentes están disponibles en la página web de la universidad.
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Al cierre de este artículo, no hubo respuesta de parte de los nuevos directivos de la casa de estudios frente a los requerimientos planteados. (La Tercera)
