Los 25.000 empleados públicos que viajaron al extranjero mientras gozaban del beneficio de licencia médica han provocado indignación entre los chilenos. Y con razón. Han engañado a sus jefes (suponemos) obligando a reemplazarlos, duplicando el costo de su labor y/o deteriorando la calidad de la atención que los ciudadanos reciben de los servicios públicos que los empleaban. Han afectado también a sus compañeros de trabajo que cumplen esforzadamente con sus funciones. Eso es despreciar a los demás. Como aproximadamente el 30% de los defraudadores están afiliados a Isapres, estas empresas que deben pagar esas licencias también resultan defraudadas.
La diligente gestión de la contralora Dorothy Pérez ha abierto una caja de Pandora, ya hay varias autoridades de gobierno renunciadas por defraudar a los chilenos haciendo turismo sanitario (se ha mencionado la cifra de mil personas); ahora se ha notificado que se investigarán viajes al interior del país, donde la cantidad de casos debiera ser bastante mayor. Los poderes judicial y legislativo han anunciado sus propias investigaciones. Dos consideraciones al respecto. Primero, a aquellos funcionarios que están renunciando correspondería que se les inicie inmediatamente un sumario, pues de ser condenados no podrían volver a trabajar en la administración pública. Muchas de estas renuncias, más que la vergüenza, podrían tener como motivación seguir medrando del Estado en el futuro, cuando la mala memoria de los chilenos nos tenga preocupados de otro escándalo. Segundo, la tramitación de 25.000 sumarios y los que se le agreguen, puede resultar una tarea engorrosa y demorosa (nada de sumaria), que termine disminuyendo mucho el efecto demostración de las sanciones. Se sabe, además, que muy pocos sumarios terminan con la destitución de los funcionarios.
La magnitud del fraude con licencias médicas es monumental, tanto que constituye una posible fuente de importante ahorro de recursos fiscales (nuestras actuales autoridades económicas aseguran que no es posible) que es realmente significativa. Aunque parezca increíble, según cálculos de Libertad y Desarrollo, en FONASA 3,7 puntos de la cotización de 7% se van a pagar licencias, o sea el 52,8 % de lo que se cotiza va a pagar licencias y sólo el 47,2% a prestaciones de salud. Imaginen la magnitud de los recursos fiscales que se pueden ahorrar. En el caso de las Isapres, 2,5 puntos del 7% van a licencias, o sea es un 35% de la cotización obligatoria (la tasa total de cotización en Isapres llega a cerca de 10%). El gasto total en licencias médicas el año 2023 fue de $2.845.471 millones que equivalieron a un 1% del PIB de ese año. Y este ha sido un fenómeno en expansión, porque el gasto en licencias subió 43% real entre 2019 y 2023, un 8,3% más que el IPC por año. Varios economistas, entre ellos Jorge Quiroz y Matías Acevedo, han realizado estimaciones con distintas metodologías que llevan a calcular en 800 millones de dólares anuales el costo del gasto indebido en licencias. Rafael Caviedes, exdirector de Fonasa y expresidente de la Asociación de Isapres, calcula en 1.200 millones de dólares el exceso de gasto en licencias por fraudes.
El centro de estudios Pivotes ha señalado que el gasto en personal del gobierno general pasó de un 4,7% del PIB el año 2006, a un 7,1% el 2023. Respecto al ausentismo laboral en el sector público, calcula que en la primera administración de Bachelet los días promedio de ausentismo eran 19 al año, mientras que el promedio por funcionario el año 2023 subió a 34 días.
Sin embargo, para que las contenciones que se hagan a este grave problema no sean flor de un día, se requieren cambios estructurales. Se precisan, desde luego, acciones correctivas en la fiscalización, que hagan caer sobre las autoridades de salud el peso de sus decisiones, exponiéndolos ante la opinión pública como responsables de controlar este robo a los chilenos y poniendo costos a la lenidad que los tiene acostumbrados a estirar la mano como única reacción al drenaje de recursos, escudándose en las necesidades de atención de salud de los chilenos. Se acaba de aprobar una ley, presentada por el gobierno de Piñera, que establece sanciones a médicos que con conductas reprobables abultan el gasto en licencias. Las sanciones a los beneficiarios de esas licencias que establecía el proyecto, no obstante, fueron prácticamente eliminadas por indicaciones del actual gobierno.
Pero también son necesarios cambios estructurales en el sistema de incentivos que rigen los comportamientos de distintos agentes. No es aceptable ni conveniente que se pague el 100% de la remuneración durante todo el período de una licencia médica. De hecho, distintos países pagan el 60% o el 70%. Los porcentajes de cobertura dependen del período de duración de éstas y pueden variar. Son cambios impopulares, pero si no se realizan difícilmente habrá progresos importantes en el combate al fraude.
Los robustos antecedentes señalados más arriba indican que, si se aprovecha el sentimiento de indignación de los chilenos frente a este escándalo, Chile puede una vez más derribar un mito, con gran beneficio para los chilenos: aquel que afirma que no puede reducirse en forma significativa y con rapidez el déficit fiscal y controlar así la deuda pública, para evitar que el pago de sus intereses se lleve cada vez mayor proporción del gasto, restando recursos a otras necesidades de los chilenos.
Para ello, finalmente, habrá que erradicar la cultura de no pago que ha fomentado la izquierda en nuestro país lesionando nuestra capacidad de crecimiento. Buses de transporte urbano con evasión superior al 40%; créditos estudiantiles con morosidad cercana al 50%; proyectos de ley que impedirán el cobro automático de evasiones al TAG, poniendo en peligro el sistema de concesiones; un ministerio de energía que quiere subsidiar las cuentas de electricidad para 4,5 millones de hogares, y cuando constata que la demanda de subsidios es apenas superior a un millón de hogares, insiste en que sean superiores a dos millones. Un país de ciudadanos comiendo de la mano del Estado, para tenerlos entonces cautivos de los políticos. Contra eso deben votar la mayoría de los chilenos. (La Tercera)
Luis Larraín
