A una prueba de estrés extrema está siendo sometida la OTAN a propósito de la “exigencia” de la administración Trump de “hablar sobre el futuro de Groenlandia”. Resulta extraordinario que esto ocurra por “exigencia” del principal socio de la alianza (Estados Unidos), y no por imposición de un enemigo externo (Rusia o China).
Lo anterior ha encontrado el rechazo firme de los países de la Unión Europea, pues, legalmente -y entre otras muchas cosas-, Groenlandia es territorio de la Unión (sus habitantes son titulares de “pasaporte danés-comunitario”).
Establecida en 1949 (precisamente por iniciativa del gobierno norteamericano), durante la Guerra Fría la OTAN articuló la “defensa del mundo libre”, incluida la defensa del “hemisferio occidental”. Antes, en 1947 -también por iniciativa norteamericana- los países de “las Américas” habíamos articulado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en cuya “área de aplicación” no se incluyó a Groenlandia. Dato importante.
Sin embargo, la anotada “exigencia” norteamericana ilustra cómo hoy ese concepto (en origen “cartográfico” y sinónimo de “Indias Occidentales Españolas”, “América Cuarta Parte del Mundo”, “las Américas” o “hemisferio americano”), incluye al citado territorio europeo.
Esta no es la primera “revisión” de la cartografía hemisférica impulsada por el señor Trump: recuérdese que, a propósito del impasse estructural con el gobierno mexicano, el señor Trump instruyó a sus cartógrafos cambiar el nombre del “Golfo de México” (que data del siglo XVI) por aquel de “Golfo de América”. No comments.
Respecto de la relevancia de la OTAN (cuya “área de tarea” incluye parte sustantiva de la región polar ártica) conviene recordar que los cálculos que predecían su desaparición después de la implosión de la ex URSS (1991) se demostraron equivocados, especialmente luego que -con el antecedente de la “limpieza étnica” perpetrada por el gobierno serbio en Bosnia Herzegovina- en 1999 “por la fuerza” la Alianza impidiera que el crimen se repitiera en Kosovo.
En paralelo, la OTAN se demostró “el refugio contra la opresión” en vista de las agresiones rusas sobre Chechenia (1994 y 1991), que comenzaron a demostrar que en Europa Oriental y el Cáucaso los equilibrios geopolíticos retrocedían al siglo XIX.
Con auspicio norteamericano -y con la excepción de la propia Rusia y su adlater Bielorrusia- a partir de 1999 todos miembros del ex “Pacto de Varsovia” adhirieron a la Alianza. El interés ucraniano de adherir a la OTAN es la continuación de esa dinámica.
Recuérdese también que, en 2003, luego de los ataques terroristas sobre Nueva York y Washington, la OTAN ejercitó toda su solidaridad con Estados Unidos y que Polonia, e incluso Alemania (por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial), desplegaron tropas de combate fuera de sus territorios. Hoy todo eso es “historia antigua”.
El Ártico
Al inicio de la era Putin (diciembre 2001), ante el organismo científico-técnico establecido por la Convención sobre el Derecho del Mar (Convemar), Rusia formalizó un “reclamo de soberanía” sobre los recursos vivos y minerales de la plataforma continental del Ártico.
Ese reclamo resulta de una proyección desde Siberia y algunos territorios insulares (Nova Zemlya y Archipiélago de Franz Joseph), e incluye la prolongación de la “Cordillera submarina Lomonosov” extendiéndose hasta el propio Polo Norte.
En los años siguientes, Noruega (2009), Dinamarca-Groenlandia (2015) y Canadá (2022) presentaron sus respectivos “reclamos de plataforma continental” en el Ártico, enfrentando al reclamo ruso de 2001.
Para Estados Unidos (que no es Estado Parte de la Convemar), lo anterior terminó por configurar un escenario intrínsicamente complejo y amenazante.
Ocurre que, a diferencia de Canadá o Groenlandia, su proyección hacia el Ártico está reducida a Alaska, cuyo límite norte se haya mucho más al sur que los archipiélagos boreales de Canadá y, por supuesto, que el área norte de Groenlandia. Estas razones geográfico-geopolítico (ergo, razones “materiales”) explican “la necesidad” de Estados Unidos de proyectar su interés nacional hacia el área del Polo Ártico, en la cual Rusia “mantiene” evidente ventaja.
“Complementariamente”, desde hace tiempo es sabido que el US Geological Survey calcula que la plataforma continental del Ártico esconde entre 10% y el 13% de las reservas mundiales de petróleo y, al menos, el 30% de las reservas de gas, amén de importantes recursos de biodiversidad marina relevantes para la bioprospección y otras industrias norteamericanas. En la tierra firme, bajo la capa de hielo, Groenlandia posee grandes depósitos de tierra raras, cobre, zinc, zirconio, hierro y otros recursos mineros.
También se sabe que, desde comienzos de la década de 1990, en la ecuación geopolítica de los países ribereños del Ártico está considerado el progresivo deshielo de sus aguas (producto del “calentamiento global”). Mucho más allá de “buscar culpables”, dichos países entienden que el deshielo progresivamente facilitará la navegación y el acceso a los recursos naturales en áreas cada vez más próximas al Polo.
Este “desastre ambiental” fue, hace años, aprovechado por las industrias de países que, como Noruega (que anualmente entrega el “Premio Nobel de la Paz”), para cruzar la barrera de los 80° latitud norte e iniciar la explotación de recurso minerales a más de tres mil metros de profundidad.
El Antártico
A fines de 2005, liderado por su Ministerio del Petróleo, Australia formalizó su propio “reclamo de plataforma continental” conforme con el Derecho Internacional. Ese “reclamo” incluyó extensos sectores de suelo y subsuelo marino de los océanos Indico y Pacífico y, también -proyectados desde algunas islas peri-antárticas y desde la tierra firme antártica (“sector australiano”)-, una parte sustantiva del suelo y subsuelo del Mar Austral Circumpolar.
Relevante es que, en 1991, Australia (fundadora del Sistema del Tratado Antártico) se opuso al llamado “Tratado de los Minerales” exigiendo reemplazarlo por el Protocolo Ambiental (o de Madrid), concebido para proteger los ecosistemas polares de las “industrias extractivas”.
En los años siguientes Noruega (potencia petrolera), Argentina, Sudáfrica, Francia y Chile hicieron “reclamos” en otros sectores de la Antártica, consolidando (“sin querer queriendo”), un conflicto de proporciones entre el Derecho Internacional del Mar y la normativa del Tratado Antártico.
Durante más de una década Chile gravemente subestimó el complejo escenario que se articulaba en el Antártico, al cual, además, hay que agregar el potencial desarrollo de la industria de los hidrocarburos en el área adyacente a las islas Falkland.
Si bien el reclamo ad hoc de plataforma continental británica no incluyó sectores de la Antártica, desde las Falkland sí se proyectó hacia los archipiélagos de las Georgia y Sándwich del Sur. Ese sector también es reclamado por Argentina.
Lo mismo ocurre con un sector al sureste de cabo de Hornos, en el cual Argentina, reinterpretando sus compromisos con Chile, reclamó suelo y subsuelo marino dentro nuestra proyección de 200 millas. En otros artículos nos hemos referido a este complejo nuevo diferendo bilateral.
Desde una perspectiva más amplia -y aunque por largo tiempo la diplomacia chilena consideró que el nuevo escenario geopolítico en el Antártico tenía “importancia ninguna”- entrado el siglo XXI comprobamos que las regiones polares ya no solo concitan el “interés científico de la humanidad”, sino que intereses esencialmente materiales y geoestratégicos de varias potencias.
Para complejizar aún más el asunto, en fecha reciente entró en vigor el denominado “Tratado de Alta Mar”, concebido para proteger la biodiversidad más allá de la jurisdicción de los Estados.
En el terreno (y la cartografía) esa circunstancia ha excitado los apetitos de varios países con capacidades geo-científicas y musculatura geopolítica para reducir al máximo los espacios del fondo marino bajo “jurisdicción internacional”.
En lectura de esos países (por supuesto de la administración Trump), este y otros “tratados” son obra de un “multilateralismo buenista” que, encabezado por políticos, funcionarios internacionales y diplomáticos (muy bien pagados) “habitan cargos en una realidad virtual”, ajena a la realidad y a la consubstancial “necesidad” de los Estados de controlar los espacios geográficos.
En la Antártica estamos en presencia de una confusión de facto entre regímenes multilaterales (Sistema del Tratado Antártico, Convemar, y Tratado de Alta Mar) que se está transformando, al igual que en el Ártico, en factor de inestabilidad.
Por ejemplo, respecto al espacio “no reclamado de la Antártica” del Mar de Ross (entre la Antártica Chilena y el sector neozelandés).
En época no tan lejana (1939-40) esos territorios fueron extensamente explorados “por mar, aire y tierra” por la expedición norteamericana del Almirante Richard Byrd, quien, por instrucción de su gobierno, efectuó un “reclamo de soberanía”, que luego fue comunicado a los gobiernos de Argentina y Chile.
Si bien en 1959 -durante las negociaciones del Tratado Antártico- Estados Unidos no formalizó ese “reclamo”, sí dejó establecido que, primero, no reconoce la validez de ningún reclamo efectuado por otro país (por ejemplo, Chile) y, segundo, que se reserva el derecho de reclamar territorio, si las circunstancias lo exigen (por ejemplo, en el sector del Mar de Ross). Una decisión semejante adoptó la ex URSS (Rusia).
Visto así el problema, amplias regiones submarinas “no reclamadas” de la Antártica podrían, al menos hipotéticamente, ser objeto de nuevos reclamos territoriales.
Si eso ocurriera, todo el edificio del Tratado de 1959 se derrumbaría. Su artículo IV establece que, durante su vigencia” no habrá nuevos reclamos y, por lo mismo, si ello sucediera, el conjunto de su normativa sería “superada por los hechos”.
Desde este ángulo -y toda vez que Estados Unidos no es parte ni de la Convención del Mar ni del Tratado de Alta Mar- la entrada en vigor de este último instrumento puede leerse como “otro desafío” al interés de Estados Unidos (en plena lucha contra “el multilateralismo”).
Se trata, obviamente, de asuntos extremadamente complejos, que requieren estudio y seguimiento y que -ojalá- a diferencia de lo sucedido en el pasado, sean de interés y preocupación de la administración que asumirá el 11 de marzo próximo. (Bio Bio)
Jorge G. Guzmán
Académico y exdiplomático
