El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, rechazando la solicitud de su defensa para sustituir la medida cautelar que cumple desde fines de enero en el marco de la denominada trama bielorrusa.

Durante la audiencia, la Defensoría Penal Pública argumentó que existían antecedentes relacionados con el estado de salud de la exmagistrada que justificaban una revisión de la medida. Para ello, presentó informes psicológicos y peritajes psicosociales orientados a respaldar la petición de una cautelar de menor intensidad.

Sin embargo, el tribunal concluyó que los nuevos antecedentes expuestos no modifican los fundamentos que llevaron originalmente a decretar la prisión preventiva. El juez Jaime Fuica sostuvo que la investigación ha incorporado elementos adicionales que, lejos de debilitar la imputación, refuerzan la hipótesis planteada por el Ministerio Público respecto de los delitos investigados.

Según la resolución, los antecedentes recopilados durante los meses posteriores a la formalización fortalecen la existencia de vínculos económicos, personales y funcionales entre los distintos imputados de la causa, otorgando mayor consistencia a la tesis investigativa relacionada con presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

El magistrado señaló que los nuevos elementos presentados por la defensa podrán ser objeto de discusión durante etapas posteriores del proceso, pero estimó que no poseen la fuerza suficiente para desvirtuar la presunción fundada de participación que actualmente pesa sobre la exintegrante del máximo tribunal del país.

Asimismo, el tribunal consideró que subsisten los riesgos procesales que justifican la cautelar más gravosa, particularmente en lo referido al éxito de la investigación y a la seguridad de la sociedad. Por esa razón, concluyó que otras medidas cautelares resultan insuficientes para garantizar los fines del procedimiento.

Vivanco compareció de manera telemática a la audiencia y continuará recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, donde permanece desde hace más de cuatro meses. La exjueza ocupa un módulo especial habilitado para imputadas de alta connotación pública.

La Fiscalía Regional de Los Lagos sostiene que, mientras integraba la Corte Suprema, Vivanco habría recibido pagos por aproximadamente 90 millones de pesos para favorecer al consorcio conformado por la empresa estatal bielorrusa Belaz y la firma chilena Movitec en un litigio relacionado con Codelco.

De acuerdo con la investigación, las decisiones judiciales cuestionadas habrían derivado en un perjuicio económico para la minera estatal, que debió desembolsar cerca de 17 mil millones de pesos tras los fallos emitidos en la causa.

La investigación también mantiene en prisión preventiva a otros imputados vinculados al caso, entre ellos el abogado Gonzalo Migueles y representantes legales relacionados con el consorcio Belaz-Movitec, mientras continúan desarrollándose las diligencias destinadas a esclarecer los hechos. (NP-ChaGPT-La Tercera)