El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este lunes la solicitud de la Fiscalía y desestimó que la prisión preventiva sea la única medida cautelar capaz de asegurar los fines del procedimiento para el desaforado senador Jaime Orpis.
A cambio, la jueza Daniela Guerrero decretó la medida de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Lo anterior, luego de conocer los antecedentes expuestos por el Ministerio Público que sustentan la formalizacion por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco.
En sus fundamentos, la magistrada descartó que el parlamentario se trate de un sujeto peligroso como intentó demostrar la Fiscalia, por cuanto no se justifica la aplicación de la medida precautoria más gravosa.
Asimismo, aseguró que no se aprecia un real peligro de fuga ni la intención de evadir a la justicia, agregando además que el legislador colaboró con la investigación al prestar declaración ante la Fiscalía.
FISCALES APELARÍAN
La fiscal Ximena Chong, uno de los persecutores del casoCorpesca, se mostró conforme con la decisión de la jueza Daniela Gajardo, que no concedió la prisión preventiva del desaforado senador Jaime Orpis, pero que sí dio por acreditados todos los ilícitos que se le imputan.
En todo caso, la persecutora anunció que su equipo analizará los fundamentos entregados por la magistrada para rechazar la prisión preventiva y presentar un recurso a la Corte de Apelaciones de Santiago, con el fin de obtener la medida cautelar más gravosa.Lo mismo señaló el fiscal Emiliano Arias, para lo cual cuentan con cinco días de plazo.
Por su parte, el abogado del Servicio de Impuestos Internos (SII), Manuel Navarrete, querellante en la causa, dijo que la resolución de la jueza es “contundente”, en el sentido de que acogió todos los presupuestos materiales de los delitos expuestos en las audiencias.
A su turno el abogado Mauricio Daza, de la ONG Ciudadano Inteligente, también querellante en la causa, se mostró satisfecho con la parte de la decisión de la magistrada en que da por acreditados todos los delitos, pero mostró su extrañeza por el rechazo de la prisión preventiva.
En su opinión el arresto domiciliario total con arraigo nacional para el formalizado legislador es incomprensible porque compara los delitos cometidos con un robo con sorpresa, es decir, un “lanzazo callejero”.
El jurista enfatizó que el desaforado parlamentario cometió 75 delitos tributarios y de fruade al fisco en el transcurso de 4 años y que eso no se puede comparar con un ilícito callejero, según consta en la audiencia de formalización.
PROCESO ABREVIADO
Uno de los dos abogados del desaforado senador Jaime Orpis, Sergio Rodríguez, aseguró este lunes ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago que la Fiscalía Nacional ofreció en su oportunidad un procedimiento abreviado al parlamentario, formalizado por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco, en el marco de la investigación del denominado caso Corpesca.
Dicho antecedente fue parte de los argumentos con los cuales el profesional cuestionó la pretensión del Ministerio Público respecto a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada para el legislador, la que finalmente fue rechazada por el tribunal que -a cambio- decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Lo anterior fue reafirmado por su compañero de defensa, Carlos Cortés, quien tras abandonar la sala que falló a su favor, aseguró que «hubo reuniones en su momento», las cuales no prosperaron.
Respecto a la resolución de la jueza Daniela Guerrero, el profesional destacó que en cuanto a la acreditación del delito «hemos quedado muy satisfechos porque el fallo en el tema del cohecho, señala que no se encuentran acreditados elementos de cargo (…) y que simplemente había algunos indicios».
Asimismo, recalcó que «nosotros tenemos el convencimiento de que eso no se realizó nunca (infracción a los deberes de su cargo) y en ese sentido, tenemos la certeza de que en un juicio oral el senador será absuelto».
Sobre los dineros con los cuales Orpis restituyó un pago por $152.861.291 a la cuenta corriente del Senado, el abogado Cortés dijo categórico que para ello su cliente «se endeudó personalmente y ha hecho un esfuerzo importantísimo», descartando que éstos provengan de privados, como lo insinuó la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Luppy Aguirre, en sus alegatos.
Por último, insistió en que no existe relación entre la solitud de financiamiento de Orpis a Corpesca para su campaña política y la Ley de Pesca, ya que ésta fue realizada en los años 2009 y 2010, dos años antes de que comenzara a tramitarse la iniciativa en el Senado. «Parece extrañamente sorprendente cómo el Ministerio Público ha tratado de forzar la historia (…) Esto parece un puzzle de mala calidad», puntualizó.
(Emol-La Nación)
