Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que la prohibición impulsada por el Gobierno de Donald Trump para impedir que personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas vulnera principios constitucionales y carece de fundamentos suficientes para su aplicación.

La decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, que respaldó en gran parte un fallo emitido en marzo de 2025 por una jueza federal de Washington. En aquella resolución se concluyó que la orden ejecutiva firmada por Trump afectaba los derechos constitucionales de las personas transgénero que buscan integrarse o permanecer en el Ejército estadounidense.

Los magistrados sostuvieron que la política impulsada por la administración republicana resulta arbitraria y que estaría motivada por una actitud de animadversión hacia este grupo de ciudadanos. Sin embargo, la medida judicial aún no podrá entrar en vigencia inmediata, ya que el Gobierno mantiene la posibilidad de solicitar una nueva revisión ante el pleno del tribunal.

La controversia se remonta al 27 de enero de 2025, cuando Trump, pocos días después de iniciar su segundo mandato presidencial, firmó una orden ejecutiva que restringió el ingreso y permanencia de personas transgénero en las Fuerzas Armadas, salvo excepciones específicas que debían ser definidas por el Departamento de Defensa.

El documento argumentaba que identificarse con un género distinto al sexo asignado al nacer sería incompatible con determinados estándares de conducta exigidos al personal militar. A partir de esa instrucción, el Pentágono comenzó a implementar las restricciones ordenadas por la Casa Blanca.

Pese a los cuestionamientos judiciales, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó previamente la aplicación temporal de la orden mientras continúan los procesos en tribunales inferiores. No obstante, el máximo tribunal aún no ha resuelto el fondo del conflicto ni se ha pronunciado sobre la constitucionalidad definitiva de la medida.

La resolución emitida por la corte de apelaciones representa un nuevo capítulo en la disputa legal iniciada por organizaciones defensoras de derechos civiles y colectivos de diversidad sexual, que acudieron a la justicia tras la entrada en vigor de la política impulsada por el Gobierno.

Con ello, el debate sobre la participación de personas transgénero en las Fuerzas Armadas estadounidenses permanece abierto y podría terminar siendo resuelto por la Corte Suprema en una decisión que tendría efectos a nivel nacional.