Un tribunal federal de Estados Unidos invalidó la suspensión de visados de inmigrante que afectaba a ciudadanos de 75 países, luego de determinar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió las atribuciones que le concede la legislación al implementar la medida impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La decisión fue adoptada por la jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, quien calificó la política como “manifiestamente ilegal” en una sentencia de 61 páginas. La magistrada cuestionó además los argumentos utilizados por la Administración para justificar la restricción.

La suspensión, vigente desde enero, se sustentaba en que los solicitantes procedentes de determinados países presentaban un mayor riesgo de convertirse en una eventual “carga económica” para Estados Unidos.

Sin embargo, el tribunal estableció que funcionarios estadounidenses habían recibido instrucciones para rechazar solicitudes incluso cuando los postulantes cumplían con los requisitos y existían antecedentes para considerar que podrían mantenerse económicamente por sus propios medios.

Según la jueza, ese procedimiento contravino las normas que exigen realizar una evaluación individual de cada solicitante, en lugar de aplicar restricciones generales basadas únicamente en su país de procedencia.

La medida alcanzaba a 75 naciones, entre ellas varios países latinoamericanos y caribeños como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También figuraban Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Entre quienes recurrieron a la justicia se encuentran cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes fueron rechazadas citando expresamente la nueva política migratoria. También participaron seis ciudadanos estadounidenses que denunciaron perjuicios para familiares residentes en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.

El fallo no solo invalida la suspensión, sino que también deja sin efecto las negativas de visado fundamentadas exclusivamente en esa política. Como consecuencia, miles de solicitudes procesadas durante la vigencia de la medida podrían quedar sujetas a revisión.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes celebraron la resolución. Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, afirmó que la sentencia representa una victoria para las familias afectadas y sostuvo que la legislación migratoria no puede utilizarse para justificar prácticas discriminatorias.

Desde Democracy Forward, su presidenta y directora ejecutiva, Skye Perryman, calificó el pronunciamiento judicial como un rechazo a una política que, según la organización, provocó importantes perjuicios a familias y comunidades.

La entidad sostuvo además que el Gobierno no puede utilizar las leyes migratorias para establecer prohibiciones generales contra ciudadanos de determinados países sin someter esas decisiones a los controles correspondientes.

Hasta el momento, el Departamento de Estado y la Casa Blanca no habían entregado una reacción oficial al fallo ni informado las medidas que adoptarán frente a la resolución judicial. (NP-ChatGPT-Bio Bio-Agencias)