Tribunal Ambiental acoge reclamación a favor de proyecto minero Dominga

Tribunal Ambiental acoge reclamación a favor de proyecto minero Dominga

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Por unanimidad la sala del Primer Tribunal Ambiental, conformada por los ministros Juan Opazo, Fabrizio Queirolo y Jasna Plavich, resolvió acoger la reclamación judicial interpuesta por la empresa Andes Iron en contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el rechazo del proyecto minero Dominga.

La iniciativa se emplaza en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo y contempla la extracción y procesamiento de hierro y cobre con una inversión de US$2.500 millones.

La sentencia anula la resolución del Comité de Ministros -de agosto de 2017- y de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) -de marzo de 2017- de la Región de Coquimbo que calificó de manera desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto y ordena retrotraerlo a la etapa de votación por parte de la Coeva.

Se indicó que la decisión tomada se fundamenta en el «análisis exhaustivo» que se efectuó respecto a los puntos en controversia que tuvieron relación con los antecedentes y evaluación del proyecto; y la revisión de los argumentos técnicos que fundaron su rechazo en la evaluación ambiental.

«Los antecedentes aportados por la empresa en el proceso de evaluación ambiental son completos, según los estándares existentes a la época de su evaluación y, si bien existen puntos que la empresa debe complementar, éstos pueden realizarse en el marco del proceso de evaluación. El rechazo del proyecto por el Comité de Ministros contradice el Informe Consolidado de Evaluación, ICE, al refutar los cuestionamientos técnicos por lo que se acoge la reclamación del titular del proyecto«, establece el fallo.

Uno de los puntos ampliamente analizados en la sentencia fue la línea base del medio marino, los efectos sinérgicos, el desequilibrio entre impactos y medidas, y cada una de las inquietudes manifestadas en el proceso de Participación Ciudadana (PAC) que fueron presentadas ante el Comité de Ministros.

En lo relativo a la línea base, los ministros dijeron que los jueces no comparten el razonamiento del Comité de Ministros sobre su insuficiencia, ya que luego del análisis científico técnico no se acreditó y por lo tanto no se evidenció un desequilibrio entre los impactos y medidas.

«Existen los argumentos fácticos y se proporciona la adecuada fundamentación científico-técnica en el expediente de evaluación ambiental (Estudio de Evaluación Ambiental (EIA), Adendas y el Informe Consolidado de Evaluación, (ICE) del Servicio de Evaluación Ambiental) que permitieron definir y abordar adecuadamente los impactos sinérgicos en el presente proyecto, en los términos expuestos por el titular», indica la resolución.

«Toda actividad productiva genera impacto en el medioambiente por lo que la normativa nacional e internacional ha diseñado procesos de evaluación que permite determinar las externalidades negativas para que en base a las mismas, el titular del proyecto adopte medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas…. El sistema debe tender a una estabilidad que dé certeza, en términos de permitir planificar adecuadamente los nuevos proyectos de inversión», dijo el Tribunal Ambiental

Otra de las aristas detalladas en el fallo dice relación con las inquietudes planteadas en el proceso de Participación Ciudadana, las que para los ministros, a la luz de lo observado por Sernapesca y la autoridad marítima, fueron debidamente resueltas.

RECHAZO DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES

Alianza Humboldt, red de organizaciones sociales y medioambientales destinadas a proteger el Archipiélago de Humboldt, calificaron el fallo como un «grave retroceso» en materia ambiental y «un revés» para las comunidades locales, la ciencia y la institucionalidad. Además, adelantaron que en los próximos días se espera que sus abogados presenten recursos de casación ante la Corte Suprema buscando revertir el veredicto del Tribunal Ambiental.

Desde Oceana, su directora ejecutiva, Liesbeth van der Meer, afirmó que «no podemos dejar que el desarrollo del país siga cimentándose en el corto plazo, a costa del medio ambiente, es algo contraproducente cuyos efectos ya hemos visto en las zonas de sacrificio, donde el perjuicio es irreversible y ha causado la pérdida de empleos derivados de actividades como la pesca, el turismo y ha dañado a la salud humana producto de la contaminación generada por la industrialización de áreas que fueron altamente productivas». «Hipotecar el futuro de algunas comunidades para privilegiar a otras no es la opción», recalcó.

Al respecto, el director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, abogado de Oceana, afirmó que es una decisión lamentable. A su juicio, «pareciera que el Tribunal en lugar de resolver sobre la legalidad del rechazo, hace una apreciación sobre qué decisión habrían tomado puestos en la posición del Comité de Ministros. Pero esa no es su posición ni tampoco lo que debían resolver. En lo importante, el proyecto sigue estando rechazado y la Corte Suprema deberá resolver sobre este juicio».

Mientras, el director de Greenpeace en Chile, Matías Asun, manifestó que lo que ha ocurrido pone de manifiesto un problema estructural, pues «un proyecto rechazado dos veces por ser técnica y ambientalmente nefasto siga a flote, luego de una campaña millonaria de presión y lavado de imagen».

Pone además, realizó un llamado «al gobierno de Sebastián Piñera a decidir sobre el proyecto de un conocido cercano al Presidente para optar si quieren preservar o destruir la riqueza ambiental y social de esas costas».

Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental y representante de las comunidades de la zona, agregó que «es lamentable que la interpretación que hizo el Tribunal Ambiental del ordenamiento jurídico ambiental no se haga cargo de la magnitud del impacto que podría generar Dominga, de llevarse a cabo, ni de la capacidad de regeneración de la naturaleza frente a tal mega impacto».

«Es además gravísimo porque desobedece lo ordenado por la Corte Suprema anteriormente, y por ese motivo lo que corresponde es recurrir ante ella para que defina si esta sentencia, que se desentiende de la orden del tribunal superior, se ajusta o no a Derecho», aseguró.

El asesor ejecutivo de Mission Blue, Max Bello, recalcó: «En innumerables ocasiones, destacados científicos han señalado que el Archipiélago Humboldt debe protegerse y que cualquier accidente que ocurra en el lugar provocaría un daño irreversible».

Según explicó Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, «es urgente un ordenamiento de la zona costera y establecer áreas en las cuales no se puede ni debe intervenir con proyectos contaminantes, industrias extractivas, mega puertos u otras actividades que amenazan valiosos ecosistemas que deben permanecer sanos para paliar los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo».

Desde Alianza Humboldt concordaron en que este fallo da cuenta de las debilidades que presenta la institucionalidad ambiental en Chile, considerando que la Corte Suprema ya había ordenado al Tribunal Ambiental de Antofagasta fallar respecto de lo técnico y lo ambiental, algo que finalmente no ocurrió. (Emol-DF)

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