El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por la Municipalidad de Santiago en contra de la exalcaldesa y actual diputada Irací Hassler, en el marco de la investigación por la fallida adquisición de la exclínica Sierra Bella.

La acción judicial apunta al presunto delito de fraude al fisco y también se dirige contra quienes eventualmente resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de los hechos investigados. Con la resolución del tribunal, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para que continúe con las diligencias correspondientes y evalúe las solicitudes planteadas por el municipio.

La presentación se sustenta, entre otros antecedentes, en un informe de la Contraloría General de la República que detectó diversas irregularidades en el proceso de compra del inmueble. Según el organismo fiscalizador, la operación estuvo marcada por actuaciones que vulneraron principios de legalidad y probidad administrativa, estableciendo responsabilidades administrativas respecto de distintas autoridades y funcionarios involucrados.

La Municipalidad de Santiago sostiene que durante la administración anterior se produjeron actuaciones que comprometieron la correcta gestión de recursos públicos. Entre los cuestionamientos figura la emisión anticipada de documentos relacionados con el proceso de pago y la autorización de la compra sin cumplir plenamente con procedimientos de control considerados esenciales para la validación de actos administrativos.

Asimismo, la querella plantea reparos respecto de la suscripción de instrumentos jurídicos vinculados a la operación inmobiliaria, los cuales, según la actual administración comunal, habrían favorecido actuaciones posteriores orientadas a concretar la inscripción del inmueble pese a observaciones formuladas por organismos fiscalizadores.

Desde el municipio sostienen que estas acciones habrían permitido avanzar en una operación que posteriormente fue objetada por la Contraloría, situación que derivó en la apertura de investigaciones administrativas y judiciales.

El caso Sierra Bella se transformó en una de las principales controversias de la gestión municipal anterior, luego de que surgieran cuestionamientos sobre el valor de adquisición del inmueble y la legalidad de los procedimientos utilizados para concretar la compra.

Con la admisibilidad de la querella, la investigación entra en una nueva etapa judicial, en la que el Ministerio Público deberá analizar los antecedentes reunidos y determinar la existencia de eventuales responsabilidades penales asociadas al proceso.

La causa continúa siendo observada con atención por distintos sectores políticos debido a las implicancias administrativas y judiciales que podría tener para exautoridades y funcionarios vinculados a la operación inmobiliaria. (NP-ChatGPT-La Tercera)