El 4 de septiembre se cumplieron tres años desde que la ciudadanía rechazó la propuesta emanada de la Convención Constitucional. Fue la decisión electoral más relevante desde el retorno a la democracia. Un 62% de los chilenos cerró con determinación la puerta a un proyecto que no era de unidad, sino de ruptura. Chile evitó así el deterioro de su democracia y, al mismo tiempo, transformó el significado de esa fecha para la izquierda: de simbolizar el triunfo de Allende en 1970, pasó a recordarle su peor derrota ideológica.
Ese proyecto pretendía concentrar el poder en una sola cámara legislativa, eliminando, o bien debilitando, contrapesos institucionales esenciales, como el Senado, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Su arquitectura recordaba los experimentos constituyentes de Hugo Chávez en Venezuela (1999), de Rafael Correa en Ecuador (2008) y de Evo Morales en Bolivia (2009), cuyos resultados fueron la erosión de la democracia representativa, la politización de la justicia y la subordinación de los organismos de control al poder político.
A ello se sumaba la redefinición de Chile como un Estado plurinacional, con múltiples sistemas judiciales, autonomías territoriales y escaños reservados para once pueblos indígenas. En la práctica, instauraba una fisonomía institucional que dividía entre ciudadanos de primera y de segunda clase según el origen étnico, vulnerando un principio elemental del Estado de Derecho, como es la igualdad ante la ley. Este diseño -si se hubiera implementado- habría generado tensiones crecientes en la Macrozona Sur al entregar a comisiones indígenas la delimitación de esas autonomías territoriales, en un contexto que ya venía marcado por la violencia.
También incorporaba disposiciones altamente controversiales que despertaban profunda inquietud, incluyendo el reconocimiento del aborto como derecho, drásticas restricciones a la libertad de elección en educación, salud y pensiones, y la imposición de una visión ecocéntrica que resquebrajaba las certezas jurídicas indispensables para atraer y desarrollar inversiones.
En conjunto, el texto se asemejaba más a un manifiesto ideológico que a un pacto de convivencia social. Su contenido plasmaba con entusiasmo el ímpetu refundacional de sus promotores y la excentricidad de algunos convencionales que encontraron en la Convención el escenario propicio para exhibirla. Y el proceso deliberativo estuvo salpicado de gestos antipatrióticos dirigidos a purgar los símbolos nacionales.
Vale la pena subrayar que, con el plebiscito de 2022, no solo fracasó estrepitosamente una propuesta constitucional nociva, sino que también quedó debilitada la capacidad de conducción del gobierno del Frente Amplio, cuyo programa era una prolongación simbiótica del texto sometido a votación. El contundente resultado electoral clausuró -al menos en lo inmediato- sus afanes transformadores y redibujó el mapa político, evidenciando que los chilenos siguen valorando la libertad, la igualdad ante la ley y la estabilidad como fundamentos de su convivencia y desarrollo.
No obstante, parte del desafío aún persiste. Chile requiere con urgencia una modernización profunda de su Estado y reformas políticas que fortalezcan su democracia, pero estas no pueden nacer de la improvisación ni menos de la contumacia de querer transformarlo todo. Lo que necesitamos es una combinación de realismo, respeto por la tradición republicana y apertura a los desafíos futuros.
El 4 de septiembre de 2022, Chile se pronunció con firmeza en contra de una aventura ideológica maximalista. Ese plebiscito constituyó un hito de madurez democrática, en el cual la ciudadanía se organizó y movilizó de manera espontánea, en comunidades y grupos diversos, para resistir el clima político imperante y rechazar un proyecto -respaldado por la izquierda y gran parte de la centroizquierda- que, de haber prosperado, habría dejado al país escorado hacia la inestabilidad y la división. (El Líbero)
Jorge Jaraquemada
