Ahora bien, a mediados del año pasado, el Presidente de la República creó un Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado (el Consejo), integrado por un grupo diverso con diferentes experiencias y obsesiones. Es presidido por Ramiro Mendoza, que conoce los vericuetos administrativos y legales de nuestro Leviatán. Y también sus entrañas.
Desde su creación, este grupo de trece personas nos hemos reunido cada dos semanas. Con las limitaciones propias de una nueva institucionalidad, hemos invitado a diversos actores, trabajado en una serie de documentos y avanzado en una serie de propuestas.
El Gobierno acaba de presentar una ambiciosa agenda de modernización del Estado. La propuesta, un listado de iniciativas en curso y otras proyectadas, se presenta dentro de un marco institucional que apunta a un proceso continuo de modernización. Una agenda tan extensa y sin plazos perentorios puede diluirse fácilmente. Por lo tanto, es imprescindible centrar esfuerzos en algunas tareas decisivas.
Después de analizar la propuesta, el Consejo envió al Presidente un documento con su opinión sobre la agenda y la arquitectura institucional. Además se seleccionaron las 10 iniciativas de mayor relevancia y prioridad. De este ejercicio surgió, como la primera prioridad, la necesidad de modernizar el empleo público. Priorizar es importante, y centrarse en las reformas al empleo público es fundamental.
El Estatuto Administrativo, norma general del empleo público, se encuentra totalmente superado en la práctica. Aunque la contrata debiera ser una forma de contratación excepcional, Dipres estima que a marzo de 2019 la proporción de funcionarios de planta es de solo un 23,4% frente a un 57,6% de personas a contrata. Pero hoy la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Contraloría determina los requisitos para la terminación de contratas en el empleo público. Esta nueva realidad es una bomba de tiempo administrativa y fiscal.
Uno de los mitos urbanos es que el sector público es un mal pagador. La realidad es otra. El Estado es un empleador generoso. Un estudio reciente (Fuentes y Vergara, 2018) estima un premio salarial de 20% entre el sector público y privado. Pero la actual regulación del empleo público está anclada en una mirada obsoleta. Su actual estructura aleja a las nuevas generaciones del Estado. Hoy en día, los jóvenes no buscan seguir una larga carrera en un mismo servicio. Esto es preocupante para el futuro de nuestro Leviatán y del país.
A principios de 2019, el Centro de Estudios Públicos, Chile21, Espacio Público y Libertad y Desarrollo, los cuatro centros de estudios que están representados en el Consejo, acordaron una propuesta integral de cambio a la actual regulación. Se busca continuar separando la administración del Estado del gobierno de turno y fortaleciendo su profesionalización, con más mérito, estabilidad y movilidad horizontal. Ello pasa por reformar el sistema de ingreso, la promoción, las evaluaciones, el retiro y la desvinculación, así como la actual arquitectura institucional. Queremos que el Estado atraiga y retenga a los mejores profesionales en todos sus niveles. Y que sea un espacio de oportunidades para los jóvenes.
Un Estado para la ciudadanía debe partir por contar con una regulación del empleo público acorde a los desafíos del siglo XXI. Esta reforma es una oportunidad no solo para solucionar los problemas de la gente, sino también para ponernos al día con esta permanente urgencia. (El Mercurio)
Leonidas Montes L.
Director Centro de Estudios Públicos
