La primera señal de que algo grave estaba por ocurrir en la macrozona sur llegó el 2 de mayo. Ese día los principales líderes de las facciones más violentas se dirigieron a Tirúa (Región del Biobío) y amedrentaron a la comunidad indígena Juan Lincopan de Ranquilhue.
Quienes saben lo que ocurrió prefieren no dar nombres de quiénes son estos personajes, pero aseguran que lo que buscan es frenar el proyecto de desarrollo turístico que pactaron esas comunidades de los alrededores del Lago Lleu Lleu con la CMPC. “Se trató de una reunión autoconvocada por los grupos violentos, que lo que buscan es atemorizar a las comunidades que prefirieron el desarrollo. Fueron armados, los rodearon y en esas circunstancias nadie se atreve a opinar algo distinto a lo que ellos plantean”. Los violentos provenían de distintas comunidades y llegaron al sector en varias camionetas. La cuenta de los vehículos en que se desplazaban los radicales varía entre 30 y 50.
Luego de eso apareció publicado un comunicado firmado por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la Weichan Auka Mapu, la Franja Lavkenche y comunidades en resistencia de Elicura , Cayucupil, Lanalhue, Peleco, Huentelolen, Huape, Antiquina, Lago Lleu Lleu, Ponotro, Colcuma, Tirúa sur, Hueñaliwen en el que admiten que el 2 de mayo hubo una reunión de distintas comunidades en resistencia “autoconvocado en la comunidad Juan Lincopan en el predio en recuperación Fundo Ranquilhue” en el que resolvieron “apoyar el proceso de restablecimiento del control territorial”, reafirmar “la posición de resistencia contra la presencia de las empresas forestales” y dar “absoluto respaldo y apoyo a los distintos procesos de recuperación territorial que actualmente existen y aquellos que se van a iniciar”.
Cuatro días después de ese encuentro ocurrió el mayor atentado en la macrozona sur desde abril de 2018, considerando el número de camiones y maquinaria forestal afectada y las dos personas heridas: un trabajador de una faena y un carabinero.
Los hechos ocurrieron en el sector Capitán Pastene en la comuna de Lumaco (Región de la Araucanía). En un área que ha adquirido visos de zona roja por estar en los límites con la comuna de Arauco lo que permite que por los caminos interiores se puede llegar a la zona de Lleu Lleu y Tirúa, donde operan las ORT u organizaciones de recuperación territorial que surgieron de la CAM. Se trata, de acuerdo con lugareños, de la vía más expedita entre la VIII y la IX Región, y que para los violentos supone una gran ruta de escape gracias al control territorial que ejercen en sectores como Antiquina, Peleco y Contulmo.
“Son expertos guerrilleros, están entrenados y tienen el control de la zona y de los caminos. Cuando quieren botan los árboles y cortan las rutas lo que nos deja sin escapatoria y sin posibilidad de arrancar cuando hay atentados. No sabemos si se lo quieren tomar porque esta es una ruta para el tráfico de drogas o para sacar carga desde Collipulli”, relata una persona del sector que prefiere el anonimato por seguridad.
Esta misma fuente atestiguó cómo ocurrieron los atentados del jueves que dejaron saldo de 17 camiones, dos camionetas y cuatro máquinas forestales quemadas. Pudo ver pasar tres camionetas de alta gama: dos de color rojo y una oscura (gris o verde), había personas en el área de la cabina del conductor y también en el área descubierta de las pickup.
Relata que en cada vehículo pudo ver al menos seis hombres en la parte posterior, con chalecos antibalas, ropa de camuflaje, cascos, con protectores en piernas y codos, pero lo más preocupante eran las ametralladoras que cada uno llevaba entre las piernas.
Identificó además uno de los vehículos rojos como una Mitsubishi L200 que hacía una especie de labor de vigilancia, al dar varias vueltas por el sector.
Finalmente la seguidilla de atentados ocurrió entre las 12:00 y las 13:00 horas, en los siguientes sectores de la comuna de Lumaco: Fundo Pichi A, afectando a EESS Herrera Hermanos y vehículo de la CMPC; en el Fundo El Chingue I, afectando a EESS Forestal Aguilar; en la Hostería Santo Domingo Alto Relun, afectando a EESS Transporte Capitan Pastene; en el Cruce Los Laureles, afectando EESS Covili y en la Ruta R-90-P, afectando a EESS O & P y EESS Transportes Capitán Pastene.
Todos estos predios están asociados a la CMPC, por lo que se cree que la papelera era el blanco principal de los atentados. De todas las maquinarias afectadas 15 están vinculadas a contratistas de la CMPC. Los reportes también indican que el trabajador herido ya se encuentra fuera de peligro.
LA EXTORSIÓN
En la zona rural de Capitán Pastene las radios no tienen buena frecuencia y tampoco hay buena señal en los celulares. Se trata de un área boscosa que desde hace algún tiempo ya está siendo atacada por los radicales que buscan sacar ganancia extorsionando a las personas del sector que se dedican a la cosecha de la madera.
Lo que buscan es cobrar una “vacuna” a las pequeñas empresas de la zona para permitirles producir. Desde el sector explican que al llegar les plantean una “negociación”, que siempre termina con la coletilla de que si no cooperan les puede pasar “cualquier cosa”, lo que incluye balear inmuebles, secuestrar y hasta matar. En consecuencia buscan, y en algunos casos logran, que los pobladores del sector cosechen la madera y les entreguen un porcentaje del dinero obtenido.
Los afectados afirman que los responsables se mueven en grupos de seis a ocho personas -para intimidar- y al principio siempre se muestran “simpáticos”. “Cuando les dices que no es que vienen las represalias”.
Subrayan que con estas prácticas y con los hechos del jueves resultan afectados particulares y pequeños empresarios, quienes hacen explotación de una pequeña línea forestal y que muchas veces están administradas por comunidades indígenas, o dan empleo a comunidades indígenas.
“Este es un trabajo que nos ha costado años con las grandes forestales, con quienes después de mucho esfuerzo pudimos acordar que en vez de traer líneas de explotación de afuera se hiciera con la gente que está acá. De este modo el dinero se queda acá porque antes la plata salía y la gente estaba sin trabajo y pobre”, afirma la fuente.
De hecho, tras los sucesos en Lumaco, la Corporación de Profesionales Mapuche Enama emitió un comunicado en el que lamenta que los atentados “impactaran fundamentalmente en una importante cantidad de emprendedores y trabajadores mapuche los que perdieron sus fuentes de trabajo e ingresos económicos para sus familias”.
René Muñoz Klock, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG (Acoforag), tras los sucesos, explica que la “CMPC tiene contratistas locales y el que fue afectado ayer es un contratista local que da mucho trabajo en la zona a comunidades cercanas a Capitán Pastene. Estos terroristas, en el fondo, funcionan con la falta de educación y con la pobreza, quieren seguir manteniendo en la pobreza y aislados del desarrollo a la gente mediante la aplicación de la fuerza”.
En un comunicado emitido ayer por Acoforag, titulado “El peor escenario” describen cómo ha ido aumentando el promedio de atentados por mes contra este gremio pasando en 2018 y 2019 de 3,2 agresiones mensuales; a 6,7 atentados incendiarios por mes en 2020 hasta llegar a 7 sucesos al mes en lo que va de 2021. Además, en este período suman 270 ataques y solo dos de ellos resueltos por la vía judicial.
En este punto coincide Juan Pablo Lepín, director ejecutivo de la Multigremial de la Araucanía, quien dice que hoy día cualquiera puede ser víctima de las organizaciones radicales, inclusive las mismas comunidades mapuche. “Generalmente estos grupos violentistas se oponen a cualquiera que quiera desarrollo y no son las primeras víctimas mapuche que sufren esto. Hace unos meses atrás una agrupación de comunidades del lago Lleu Lleu, que también trabajan con la CMPC, se opusieron a la violencia y al día siguiente le quemaron la casa a una de las dirigentes. Ayer ocurrió lo mismo en Capitán Pastene, emprendedores mapuche que prestan servicios son víctimas. También pasó hace un par de años en Ercilla, con una asociación de camioneros mapuche a quienes les quemaron sus vehículos y a uno de los dirigentes le mataron a sus hijos”, recordó Lepín en alusión al asesinato de los hijos del lonko José Cariqueo.
“Esto quiere decir que la violencia va escalando en intensidad o en sus formas porque ya no es algo en contra de las grandes empresas, sino que puede ser a pequeños emprendedores a prestadores de servicios que son mapuche y no mapuche. Por eso hoy es mucho más importante que nunca que el mismo pueblo mapuche aisle y repudie a este tipo de organizaciones violentas porque son ellos mismos que están siendo afectados”, argumenta Lepín.
“HIPOCRECÍA”
Otras fuentes plantean que se trata de un acto de “hipocresía” por parte de los grupos radicales, quienes ven a los emprendedores mapuche que trabajan con las forestales como traidores (yanakonas).
“Ellos definieron a las forestales como sus enemigos, por eso para ellos es inaceptable que haya comunidades que trabajen con estas empresas. Lo cual es una hipocresía siendo que los violentos precisamente se financian del robo de madera”, plantea un conocedor del tema de origen mapuche. “Los violentos son parte del negocio forestal, porque eso que roban lo venden con boletas truchas”, señala.
Al respecto, Muñoz, representante de las contratistas forestales, indica: “Ese es el círculo maligno de ellos porque efectivamente profitan de la madera. Utilizan el robo de la madera para financiar sus actividades, entonces están permanentemente presionando a pequeños empresarios forestales, a transportistas y a pequeños contratistas de esta manera, usando la violencia para apoderarse, además de generar terror. La situación en Capitán Pastene es bastante complicada. En un tramo de 10 kilómetros hay 24 máquinas quemadas en la carretera. El ambiente es difícil de soportar para toda la gente que vive ahí o la que pasa”.
El testigo consultado en Capitán Pastene plantea que uno de los graves problemas que incide en esto es la falta de dotación policial ya que solo cuentan con una tenencia de Carabineros y un retén en la zona de Pichi Pellahuen, quienes además no cuentan con vehículos blindados para trasladarse a los sectores en caso de que ocurran atentados con armas de guerra, lo que obliga a las comunidades a contactar al personal policial de Angol que, como mínimo, demora dos horas en llegar a Capitán Pastene. “No tienen ni la ropa de protección y andan con una pistola que no hace nada contra las armas de guerra que utilizan estos tipos”, plantea sobre la dotación policial en el sector.
“Es por eso que cuando pasan estas cosas nos sentimos desamparados, solos. ¿Qué podemos hacer? Si cuando aportamos pruebas no pasa nada, si los detienen los liberan. Nadie nos da seguridad. ¿Qué pretende el Estado chileno hacer con nosotros? Tienen que decretar el estado de sitio. Los militares son los únicos con la logística para atacarlos. Nosotros no podemos”, plantea la persona entrevistada. Quien además denuncia que las mismas policías (Carabineros y la PDI) les han dicho que se armen, y que apelen a la legítima defensa.
Lepín ratifica las dificultades que enfrenta la policía en el sector: “En Capitán Pastene hay una comisaría que tiene dos carabineros y no tienen casi patrullas policiales, por lo tanto, cualquiera puede entrar, salir del pueblo, cometer un atentado y sabe que no le va a pasar nada. El Estado no está entregando la seguridad que es el derecho básico para vivir. Principalmente estos grupos se van donde no hay patrullaje policial porque es sabido que la violencia comenzó en ese sector mucho más fuerte hace unos dos o tres meses que fue cuando comenzaron los patrullajes mixtos, en la zona de Tirúa y Lleu Lleu y resulta que estos grupos se fueron moviendo hacia Capitán Pastene donde prácticamente no hay patrullaje ni dotación policial. Entonces, obviamente hay una especie de contrainteligencia para ir desafiando al Estado”.
Acoforag sostuvo una reunión ayer con el coordinador nacional de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, en donde le solicitaron elaborar un plan para la macrozona. “Un plan con inteligencia, que intervengan territorios, control de los caminos, control de camiones que transportan rollizos. Lo que le estamos diciendo es que necesitamos que las policías hagan soberanía respecto de los lugares en donde se están produciendo los problemas, cosa que hoy día no sucede, por lo tanto hay un espacio abierto para que el que llega, haga lo que se le ocurra”, subraya Muñoz.
En tanto, la víctima concluye: “Esta no es una acción para reivindicar territorio del pueblo mapuche. Esto es terrorismo. Atentan contra la gente de la localidad, gente de esfuerzo que ha surgido por sus propios medios. El Estado no nos protege como ciudadanos. Menos a los más pobres, que para conseguir resguardo policial necesitan tener recursos hasta para armar una trinchera”. (El Líbero)
