La Tesorería General de la República (TGR) comenzó este 1 de junio su participación en el nuevo Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC), asumiendo la gestión prejudicial de las deudas previsionales de empleadores, en el marco de la implementación de la Reforma de Pensiones.

La medida, contemplada en la Ley 21.735, tiene como objetivo fortalecer la recuperación de cotizaciones impagas, especialmente en aquellos casos en que los empleadores declararon las obligaciones previsionales de sus trabajadores, pero no efectuaron el pago correspondiente. Con ello, se busca resguardar los fondos destinados a futuras pensiones y mejorar la protección previsional de los trabajadores.

Para cumplir esta nueva función, la Tesorería desarrolló herramientas tecnológicas que permitirán recibir mensualmente la información remitida por el SUCC, clasificar las deudas según distintos criterios y diseñar estrategias de cobranza de acuerdo con el monto adeudado, la antigüedad de la mora y el comportamiento histórico de los deudores. Además, contará con información diaria sobre las obligaciones que sean regularizadas.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, señaló que la finalidad de esta nueva atribución es contribuir a que empleadores y empresas normalicen sus obligaciones previsionales, permitiendo que los trabajadores accedan en el futuro a mejores pensiones.

La etapa prejudicial contempla el contacto directo con los empleadores morosos antes de iniciar acciones judiciales. Para ello, la institución utilizará diversos mecanismos de comunicación, entre ellos correos electrónicos, mensajes de texto, atención telefónica y herramientas automatizadas, con el propósito de facilitar el pago de las deudas y promover su regularización.

Según informó la TGR, las deudas originadas por Declaración y No Pago podrán permanecer hasta 270 días en esta fase de cobranza administrativa. En tanto, las denominadas Declaraciones y No Pago Automáticas, que requieren procesos adicionales de validación, podrán mantenerse en gestión prejudicial por un plazo de hasta 720 días.

Una vez cumplidos esos períodos sin que exista regularización por parte del empleador, las deudas podrán ser derivadas a una etapa judicial. En esos casos, las acciones legales serán presentadas por una entidad especializada que será seleccionada por el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones.

El nuevo modelo de cobranza centralizada involucra además la participación de administradoras de fondos de pensiones, PreviRed, el Instituto de Previsión Social, el Fondo Autónomo de Protección Previsional y el Poder Judicial, organismo que tendrá la responsabilidad de tramitar y resolver las demandas derivadas del incumplimiento de obligaciones previsionales. (NP-ChatGPT-Emol)