El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, presentó ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados un balance sobre los procedimientos de cobro aplicados a los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), entregando antecedentes sobre el perfil de quienes mantienen obligaciones impagas y el marco legal que respalda las acciones de cobranza.
Durante su exposición, Nobizelli indicó que, según datos de la Comisión Ingresa, el 25% de las personas que cursan estudios superiores financia su formación mediante el CAE, mientras que el 28% de los egresados mantiene sus pagos al día con las entidades bancarias. En contraste, el 47% corresponde a deudores en mora cuya cartera ya fue ejecutada y traspasada a la Tesorería General de la República.
Respecto de la situación económica de los morosos, el tesorero señaló que de los 558 mil deudores bajo administración de la Tesorería, cerca del 90% percibe ingresos inferiores a $1,5 millones mensuales.
En cuanto a la distribución por edad, explicó que el 50% de los deudores se concentra entre los 30 y 35 años, mientras que el 70% de la deuda corresponde a personas de entre 29 y 37 años. Por el contrario, los menores de 25 años y los mayores de 65 representan en conjunto solo el 0,14% del total adeudado.
Nobizelli destacó que el grupo de personas de 34 años concentra el 9,28% de la deuda total, equivalente a cerca de $397 mil millones, cifra que calificó como relevante considerando que corresponde aproximadamente a diez años desde el egreso de los beneficiarios.
El tesorero también informó que, de mantenerse la tendencia actual, la deuda asociada al CAE alcanzará los 4,4 billones de pesos al cierre de 2026, monto equivalente al 1,1% del Producto Interno Bruto.
Sobre la legalidad de los cobros, sostuvo que la Tesorería actúa en cumplimiento de un mandato legal, ya que una vez activada la garantía estatal la obligación se transforma en un crédito fiscal cuyo cobro corresponde al organismo.
Asimismo, señaló que existen dictámenes de la Contraloría General de la República emitidos en 2011 y 2025 que respaldan el procedimiento, además de resoluciones judiciales favorables. Según detalló, el 82,7% de los más de 2.200 recursos de protección presentados ante las cortes de apelaciones han sido declarados inadmisibles y la Corte Suprema ha rechazado 520 acciones de este tipo.
En relación con las alternativas de pago, Nobizelli destacó que el 81% de los deudores puede acceder a convenios cancelando un pie equivalente a una Unidad Tributaria Mensual, cercana a los 70 mil pesos, mecanismo que ya ha sido utilizado por más de 15.500 personas.
Tras la presentación, los integrantes de la comisión formularon consultas sobre los criterios utilizados para definir los embargos, los plazos de cobro y los tramos de ingresos considerados en el procedimiento. Debido al tiempo disponible, el presidente de la instancia, el diputado Sergio Bobadilla, solicitó que las respuestas sean entregadas por escrito.