2020 terminará con nada menos que 36 femicidios consumados -si no se suman otros antes de fin de año-, es decir, mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y 139 femicidios frustrados. Las cifras evidencian, una vez más, la vulnerabilidad femenina y la necesidad de atender las situaciones de violencia que le afectan, no solo en forma directa, sino también aquellas estructurales.
Y la cifra en pandemia solo es superada por la registrada en 2010. Las medidas de confinamiento, el estrés, la pérdida de fuentes laborales, y el miedo se relacionan con el aumento de la violencia. Un indicador sería el 70% de aumento en llamadas a fono-ayuda recién iniciada la cuarentena en abril.
Pero la de Chile no es una situación excepcional a nivel mundial. América Latina y el Caribe siguen a África con el mayor nivel de femicidios por habitante. Según la Cepal, nuestro país se ubica en una posición comparativamente buena; tan solo Uruguay, Costa Rica y Panamá registran cifras menores.
Además, según la Organización Panamericana de la Salud, una de cada tres mujeres en América Latina ha sufrido violencia física y sexual a lo largo de su vida. El dato es importante si se quiere diagnosticar para prevenir y sancionar sus causas, como lo hace el Derecho Internacional en tratados a los cuales Chile ha adherido.
En su encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco relacionó los conceptos de igualdad y dignidad. Por cierto, la misma Iglesia Católica está al debe en ello. La violencia contra la mujer se relaciona directamente con una falta de consideración hacia su dignidad y una situación de desigualdad estructural que se expresa en la vida cotidiana, laboral y social en general. Por algo el Papa consideró oportuno “reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos” y tildó la violencia contra las personas como “una herida en la carne de la humanidad”.
Aparte de sus aspectos históricos y culturales, la violencia contra la mujer se origina en una organización del poder que la subrepresenta y que atenta contra la vigencia de los conceptos de representación y ciudadanía inherentes al republicanismo democrático. La igualdad de género es un valor de la representación política, porque sin ella no existe una ciudadanía plena. Organizar el poder con perspectiva de género exige ampliar los espacios donde ella se desempeña, terminar con todas las brechas y el trabajo no remunerado que realizan, y que según ComunidadMujer, representaría un 22% del PIB ampliado.
Empoderar mujeres con cambios estructurales que superen su situación de desigualdad y redefinan las relaciones de poder, dominación y control sería una contribución a la consolidación de la democracia y un desafío para la nueva Constitución. Podría incluso prohibirse explícitamente toda discriminación y práctica de violencia contra la mujer, igual como la actual declara inconstitucional la esclavitud. Sería una contribución más que simbólica a terminar con los femicidios. (La Tercera)
Ana María Stuven
